Trama de corrupción, ahora en sector financiero de Brasil
La estatal Caixa Económica Federal está implicada en una fraudulenta compra de acciones del Banco Panamericano
LA POLICÍA Federal (PF) dio inicio a la Operación Cónclave, para investigar el fraude en la adquisición de acciones del Banco Pan (antes Panamericano) por la Caixapar, empresa de inversiones de la estatal Caixa Econômica Federal. La Décima Cámara Federal de Brasilia decretó el bloqueo de bienes de las personas físicas y jurídicas investigadas, por un valor de 1,500 millones de reales (476 millones de dólares).
La compraventa es investigada por haber potencialmente causado “perjuicios al erario federal”, según la Policía Federal. A finales del 2009, Caixa adquirió una participación de 36% en el Pan —en la época en que era controlado por el Grupo Silvio Santos— por 740 millones de reales (235 millones de dólares). Menos de un año después, se conocieron indicios de fraudes contables en el banco, que apuntaron a un faltante de más de 4,000 millones de reales (1,269 millones de dólares).
La Policía Federal cumplió 46 mandatos de búsqueda y aprehensión en Brasilia, São Paulo y ciudades de otros estados. La policía registró las oficinas del BTG Pactual en Río de Janeiro, las casas del banquero André Esteves —en Río y en la capital paulista— y las oficinas del Fundo Garantidor de Créditos (FGC). En el 2011, el BTG adquirió por 450 millones de reales la participación del Grupo Silvio Santos, entonces controlador del Pan, y se hizo socio de la Caixa en el negocio. El FGC financió esa operación. La inversión no resultó rentable para BTG y Caixa.
UN TRIBUNAL de República Dominicana validó un acuerdo mediante el cual el gobierno renuncia a procesar judicialmente a los empleados de Odebrecht involucrados en un millonario esquema de sobornos a cambio información y el pago de una multa de 184 millones de dólares.
El fallo del tribunal “acelera y agiliza la investigación; nos acerca a llevar a la justicia a los sobornados”, consideró en conferencia
La Policía Federal afirmó que, durante las investigaciones, fueron identificados tres supuestos núcleos criminales: uno de funcionarios públicos, directamente responsables de la firma de contratos o de los documentos para la compra y venta de acciones de Panamericano por Caixapar, con la posterior compraventa y venta de acciones significativas del Banco Panamericano por el BTG; el de los consultores contratados para emitir opiniones que legitimaran las operaciones realizadas, y el de los empresarios que, con la situación de sus empresas y la necesidad de dar la apariencia de de prensa el procurador general Jean Alain Rodríguez al término de la audiencia en la que no se permitió el ingreso de la prensa. Explicó que con base en el acuerdo, el 19 de junio se tendrán los nombres de los sobornados para procesarlos.
La Procuraduría General, que negoció el acuerdo con los representantes de la compañía en enero, explicó en un comunicado previo a la audiencia que justificaría el convenio ante el tribunal con base en el criterio de oportunidad. legitimidad a los negocios, contribuyeron a los crímenes.
En un comunicado a los mercados, el Pan informó que colabora con la investigación y que la Policía Federal ha determinado que “no tiene relación con la gestión actual o sus operaciones”. Caixapar dijo que está en contacto permanente con las autoridades, proporcionando una “cooperación sin restricciones a las investigaciones”. BTG afirmó que no tuvo implicación alguna en la compraventa de la participación en el Pan por Caixapar en el 2009. El FGC declaró que, “en el ejercicio de su misión de contribuir a la estabilidad del sistema financiero, concluyó en el 2010 la operación de apoyo al que era en aquella época el accionista controlador del banco —entonces Panamericano—, en la época en que pasaba por dificultades”.
La compraventa de las acciones del Pan por la Caixa envuelve una polémica de años. La transacción fue aprobada por el Banco Central en julio del 2010 y, semanas más tarde, salieron a la luz los indicios de irregularidades en la institución financiera. A inicios del año pasado, el Tribunal de Cuentas de la Unión reabrió la investigaciónpara saber si el Banco Central sabía de los problemas en el Panamericano cuando dio señal verde a la venta de las acciones a Caixapar.
En octubre, el Ministerio Público Federal (MPF) de São Paulo pidió la condena de nueve ex directores de la institución, acusados de gestión fraudulenta y otros crímenes. Entre ellos están Luiz Sandoval, ex presidente del Consejo de Administración, y Rafael Paladino, ex director superintendente.
André Esteves, fundador de BTG Pactual, fue arrestado en el 2015 involucrado en la trama de sobornos Lava Jato.
En el fallo emitido, el tribunal admitió como válidas todas las partes del convenio.
“El tribunal ha hecho una correcta administración de justicia”, dijo el abogado de Odebrecht, Robert Valdez, al término de la audiencia.
El convenio no ha sido difundido de forma pública en su totalidad y, según la Procuraduría, establece que en un plazo de 30 días Odebrecht deberá entregar información sobre los sobornos y pruebas documentales, como comprobantes de transferencias bancarias y comunicaciones por correo electrónico.
La multa de 184 millones dólares, que representa el doble de los sobornos, será pagada en un plazo de ocho años y Odebrecht podrá continuar sus operaciones en el país.
“Esta sentencia marca un hito en materia de corrupción”, insistió el procurador Rodríguez.