Los costos del espectro
Hace dos semanas, la OCDE entregó al gobierno mexicano su estudio sobre la evolución del sector telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Las principales recomendaciones? Permitir “lo más pronto posible” la incorporación de Telmex al mercado de la televisión, siempre y cuando cumpla con su separación funcional.
El organismo encabezado por José Ángel Gurría también recomendó reconsiderar el diseño del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y evaluar la reducción de (un pago de) los derechos anuales, para futuras licitaciones.
A tres años de la promulgación de la reforma en telecomunicaciones, América Móvil mantiene su condición de agente preponderante: Telcel obtuvo 68.8% del total de los ingresos del sector móvil en el segundo trimestre de este año y acapara 64.8% del mercado de líneas móviles en México, mientras que Movistar tiene 22.4%, AT&T tiene 11.6% y los OMV apenas tienen 1.2% del mercado.
Para el próximo año, empero, los operadores no preponderantes deberán erogar más de 12% de sus ingresos para comprar espectro. Es el peor de los mundos: si el operador más pequeño no tiene un modelo de negocio para adquirir nuevo espectro, quedará rezagado y, finalmente, tendrá que salir del mercado. ¿Eso es lo que buscaba la reforma energética?
En el Paquete Económico enviado por Hacienda a la Cámara de Diputados no está contemplada alguna variación de este esquema recaudatorio o sobre el IEPS aplicado a los servicios de telefonía fija y móvil. Este último impuesto podría eliminarse, según el estudio de la OCDE, ya que influye directamente en el costo de estos servicios. La recaudación por este concepto apenas ha alcanzado 0.30% de los ingresos del gobierno.
Además, la OCDE señala que deberían reducirse las barreras para el despliegue de infraestructura a nivel local y municipal, pues la complejidad del sistema actual crea incertidumbre jurídica y retrasa los ajustes que son necesarios para una mayor cobertura. Y se pronunció por una mayor promoción de la competencia en el mercado mexicano, establecer incentivos adecuados para que los operadores sigan desplegando sus redes e innoven y utilizar de manera más activa las políticas públicas nacionales referentes a la digitalización.
En vísperas de la licitación de la banda 2.5 gigahertz, el consenso entre los expertos estima que el costo del espectro esté 114% por encima de bandas similares ya licitadas, debido fundamentalmente al pago de los derechos anuales, que el año pasado promediaron 5.4%, pero que para el 2022 podrían incrementarse a 16% de los ingresos de los operadores.
¿México tiene el espectro y las licitaciones más caras del mundo? El año próximo los operadores que adquirieron espectro en 1998 deberán tramitar una prórroga y de acuerdo a las estimaciones más conservadoras, deberán pagar 2.7 veces más, en términos reales, que cuando originalmente fue adquirido.
El retorno de la inversión es el común de las posturas de la industria. Ayer, el presidente de América Móvil, Carlos Slim Domit, insistió en la necesidad de contar con un marco regulatorio que permita a las empresas aprovechar las olas del cambio tecnológico, en lugar de frenar el desarrollo.
En la sesión inaugural del World Mobile Congress, Slim Domit sostuvo que los proveedores de telecomunicaciones y las autoridades tienen hacia el futuro una gran responsabilidad para que la tecnología sea un instrumento que aumente la inclusión, la productividad y el bienestar social. “Bajo esta premisa, las decisiones inadecuadas no sólo son malas sino también irresponsables”, advirtió.
El Ejecutivo federal impulsó la apertura del sector. Ahora toca al Legislativo reencauzar la regulación. ¿O acaso el Poder Judicial deberá nuevamente poner punto final sobre estos temas? En la resolución del amparo promovido por América Móvil sobre la tarifa cero, los ministros de la Suprema Corte determinaron que el Congreso invadió facultades del IFT.
EFECTOS SECUNDARIOS
BENEFICIOS. El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en breve sobre la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y que ahora mismo es invocado por las autoridades judiciales y hacendarias para bloquear cuentas bancarias de personas físicas o morales bajo la presunción de incurrir en actividades vulnerables; es decir, sospecha de lavado de dinero. El proyecto del ministro Pardo Rebolledo cuestionó la medida precautoria y la facultad de las autoridades argumentando que se violan los derechos humanos de presunción de inocencia y audiencia previa. A la fecha más de 4,000 personas y empresas se han visto afectadas por esta medida precautoria dejándolos en una situación de indefensión y vulnerabilidad, al tiempo que ha dañado su reputación, ya que de inmediato las personas son incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, sin que hubiera sido comprobada su culpabilidad. Al extinguir este artículo de la ley, que ha impactado a personas como Rafa Márquez y Julión Álvarez, se estará fortaleciendo el Estado de Derecho, ya que contribuirá a dar certeza jurídica.