Conflicto y balance CDMX
No es fácil hacer el balance de la Administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, en un escenario en el que se han polarizado las visiones sobre la ciudad, y en el que no existe un proyecto colectivo de referencia. El choque de visiones provoca confusión y conflicto, inhibe y paraliza, por ejemplo, al nuevo Programa General de Desarrollo Urbano, atrapado en la disputa y sin haber podido ver la luz. Los campos en controversia no están claramente delineados, y con frecuencia tiñen decontradicciones a una ciudad muy antigua pero impetuosa y evidentemente dinámica; diversa y joven; en pleno desarrollo, pero entre bienes públicos precarios. Hay una arcana memoria histórica que arraiga hasta el mundo prehispánico y colonial, pero no han calado aún valores cívicos ni tampoco una verdadera cultura urbana coherente con el siglo XXI.
En un lado, están quienes abrazan la perspectiva moderna de una ciudad más densa, compacta y vertical, con espacios públicos de calidad asociada a una baja huella ecológica y donde prevalecen medios de transporte colectivo y de movilidad no motorizada. Es ideología y paradigma urbanorelativamente novedoso que rompe con valores y cultura muy acendrados en la población. Han sido hábiles promotores y persuasivos asesores, y se han hecho ver en medios de comunicación. A ellos se debe el Metrobús, las ciclovías, los Centros de Transferencia Modal, la creación de espacio público, la revitalización de colonias centrales, el desarrollo urbano vertical, y la reversión de la normatividad sobre estacionamientos para vehículos automotores en edificaciones (ahora hay máximos y no mínimos). Esta idea de ciudad no es compatible con el uso generalizado del auto privado; genera resistencias y adversarios, hay perdedores que ven afectados sus intereses en el corto plazo, y reaccionan en consecuencia.
En otro lado se atrincheran sectores muy conservadores, que anhelan mantener el ideal de ciudad norteamericana (con su correlato mexicano del Desarrollo Estabilizador de los años 50 del siglo pasado) extensa, con bajas densidades, segmentada y excluyente, y articulada por autopistas urbanas donde el vehículo automotor privado es el principal medio de movilidad. Se horrorizan y combaten frenéticamente a los nuevos rascacielos de vivienda y oficinas, satanizan los cambios de uso del suelo y a los “intereses inmobiliarios” que los promueven, al igual que a la corrupción (con razón), y temen por causa de ellos quedarse sin agua o atrapados en embotellamientos bíblicos (que son una realidad). Han encontrado oportunidades de alianza y compañeros de viaje en una nueva izquierda parroquial que entroniza a los “ciudadanos” como factótum urbano, esto, en forma de una vecinocracia consagrada en la Constitución CDMX (consultas ciudadanas vinculantes). Ambos suponen que el interés público en la ciudad es equivalente a la suma de intereses locales; se equivocan.
En medio de ambos bandos se libra otra batalla entre quienes ven en la participación privada en servicios públicos una gran posibilidad de mejora y calidad —por ejemplo, la novedosa planta de termovalorización de residuos urbanos— y quienes la aborrecen y buscan prohibirla.
Como contexto, las restricciones presupuestales del gobierno se agudizan no sólo por políticas federales de austeridad, sino por la renuncia a desarrollar plenamente el cobro del impuesto predial como fuente esencial de ingresos propios, y por la asignación creciente de recursos a favor de programas de subsidios y gastos clientelares (“Programas Sociales”). Hay un deterioro de bienes públicos e infraestructuras y equipamientos, el Metro es ejemplo palmario; mientras la delincuencia parece doblegar a nuestro sistema de seguridad.
El caso es que la ciudad no se decanta todavía por un modelo o visión compartida, todo es polvoso e incierto. Tendrá que esperar el balance de estos tumultuosos años de conflicto, gestación y parto.