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Guadalajara, Jal. CON EL objetivo de resolver el problema de abasto de agua potable en el municipio, el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe, anunció que contratará una deuda de 500 a 600 millones de pesos, en caso de alcanzar un acuerdo con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Con dicho recurso, dijo, se creará la infraestructura para recibir 600 litros de agua por segundo con lo que mitigaría el problema que lo obligó, incluso, a declarar una “veda” al principio de la administración e impedir la construcción de nuevos fraccionamientos habitacionales en el municipio ante la escasez del vital líquido.

“Hoy tenemos una negociación muy importante con el Siapa, ya la autorizó el gobernador; la negociación es simple, el que nos pueda dar 600 litros por segundo del canal de las Pintas, mucha de esa agua se tira”, indicó el munícipe durante la presentación de su segundo informe de gobierno.

“Vamos a analizar si pedimos un préstamo de 500 o 600 millones (de pesos) lo que cueste, es una licitación internacional, es una potabilizadora y podríamos resolver de fondo lo que le pasa a la gente de la carretera a Chapala que hoy no tiene agua”, expuso. Por separado, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Luis Méndez Jaled, señaló que entre lo problemas por resolver en todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, destaca la infraestructura, principalmente hidráulica.

“Uno de los más importantes, las inundaciones en Guadalajara (…) la infraestructura que se debe tener para dotar de agua a la zona metropolitana, son puntos estratégicos”, refirió el dirigente de la cúpula constructora.

EXIGEN COBRO

Durante su segundo informe, el alcalde de Tlajomulco demandó una vez más al gobierno federal, que se entregue al municipio 1% de lo que aporta el concesionario del aeropuerto internacional de Guadalajara, que se encuentra asentado en ese municipio.

Según Uribe Camacho, con ese recurso se podría compensar la falta de pago del Impuesto Predial que el Grupo Aeroportuario del Pacífico se niega a cumplir argumentando que se trata de una concesión federal y que al tratarse de una zona federal, la superficie donde se encuentra la terminal aérea, no está obligada a pagar una contribución municipal.

solicita de lo que aporta el concesionario del aeropuerto.