Garantizan continuidad a auditorías sobre estafa maestra
LA AUDITORÍA Superior de la Federación (ASF) garantizó que pese a la salida de la auditora Muna Dora Buchahin, habrá continuidad en la investigación del caso conocido como la estafa maestra, que involucra supuestos actos de corrupción desde la Secretaría de Desarrollo Social a universidades públicas.
El auditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, argumentó que fue decisión suya la separación del cargo de Muna Dora Buchahin, luego de probar que la auditora incurrió en “conflicto de interés”, e incluso utilizaba recursos públicos a su cargo para la asociación que encabeza.
“Durante la gestión anterior, la ASF contrató a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) que ella encabeza, para prestar servicios de capacitación. Cabe mencionar que dichos servicios también fueron brindados a otras instancias públicas. Además de la ACFE, se cuenta con información y referencias de diversas fuentes de que Buchahin es socia y presidenta de Fraud Prevention & Examination, otra organización que también proporciona servicios de capacitación a entidades públicas auditadas por la ASF”, aseveró.
Cabe destacar que en diciembre pasado, Muna Dora Buchahin participó en el proceso de selección en la Cámara de Diputados para un nuevo titular de la ASF. En su comparecencia ante los diputados federales, la ex funcionaria pública reconoció que es socia de Fraud Prevention & Examination, aunque negó conflicto de interés.
“Es cierto, yo tengo una asociación o participo en dos asociaciones, que es un capítulo internacional, lo digo con mucho orgullo, tengo que decir: no litigamos, no vendemos consultorías ni auditorías a los gobiernos de estados”, afirmó.
En un comunicado, la ASF dijo que continuará con las auditorías programadas sobre la Cuenta Pública 2017 donde se acusan los actos de la estafa maestra, incluyendo las que estaban bajo la responsabilidad de Buchahin.
“Adicionalmente, la ASF anuncia que emitirá un informe integral sobre el trabajo de fiscalización realizado desde el 2012 hasta la fecha sobre las contrataciones de entes de gobierno con universidades públicas. Este informe será entregado a la Cámara de Diputados como parte de la segunda entrega de informes individuales, en octubre del 2018”, precisó.