Trabajadores rechazan reforma tributaria en Chile
CONVOCAN A PARO NACIONAL
LOS FUNCIONARIOS y fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, convocaron a un paro nacional para este miércoles en rechazo al proyecto de modernización tributaria presentado por el Ejecutivo.
En una declaración conjunta realizada por la Asociación de Fiscalizadores del SII (Afiich) y la Asociación Nacional de Funcionarios del servicio (Aneiich), las organizaciones advierten que el texto es una “contrarreforma tributaria de carácter profundamente regresivo”, que concentra sus beneficios “en el sector minoritario que acapara la mayor riqueza del país”.
Asimismo, cuestionan que la iniciativa sea fiscalmente neutra, ya que “reduce permanentemente fuentes de recaudación, estableciendo, por un lado, compensaciones de carácter transitorio, o de carácter regresivo y sobreestimadas, por otro”.
Uno de los puntos centrales del rechazo de las agrupaciones al proyecto son los cambios a las facultades del servicio, las que —denuncian— “tienen la clara intención de debilitar la capacidad fiscalizadora de nuestra institución”.
“En atención a las graves consecuencias que este proyecto representa para nuestro servicio y para el desarrollo de Chile, Afiich y Aneiich convocamos a un paro nacional para el día miércoles 29 de agosto en rechazo al proyecto de ley de modernización tributaria”, concluye el documento.
MODERNIZACIÓN DE LA REFORMA
La iniciativa creará un nuevo tributo a la denominada economía digital, que afectará a plataformas como Netflix, Airbnb y Spotify, denominado Impuesto sobre Servicios Digitales (ISD). La tasa sería levemente menor al Impuesto al Valor Agregado (IVA, de 19%) y el agente retenedor del impuesto digital será la tarjeta de crédito bancario.
La tasa a plataformas digitales será de 10% para servicios que se presten desde el exterior y se usen por personas en Chile. Quedan exentos de este impuesto tanto Uber como Cabify. También se anunció un “avenimiento” entre contribuyentes para cerrar procesos pendientes con condonaciones de 100% de los intereses y multas, con el fin de “desconcentrar la carga de los tribunales”.