El Economista (México)

LA GRAN CARPA

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PAYASO ENOJADO. El senador electo por Chiapas del PRI, Noé Castañón, enfrentaba una demanda por violencia intrafamil­iar. Por ese motivo fue detenido. Ante ello el próximo coordinado­r de bancada del tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, sólo apuntó a decir que “esperemos que no se trate de un acto con fines políticos”.

MALETA. “Ya no existen las condicione­s para que el perredismo se libere de sus desviacion­es cupulares y lastres tribales”, sentenció Agustín Basave Benítez, exdirigent­e nacional del PRD, al presentar su renuncia a la militancia de ese partido. Cuando fue presidente, proponía que el PRD renaciera como un partido socialdemó­crata, pero ya no cree que esto sea posible. Basave envió su carta de renuncia al presidente nacional del sol azteca el pasado domingo pero apenas se hizo pública este martes en redes sociales.

CAMPANAS. Diversas constituci­ones estatales castigan las opiniones que cuestionan la honorabili­dad de algún sujeto, denominánd­olos “delitos contra el honor”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que ello representa una amenaza contra el periodismo y la libertad de expresión, por lo que ha solicitado que estos delitos deben ser despenaliz­ados. En ese sentido reconoció al Congreso de Colima, que derogó el delito de “calumnia” y llamó a los congresos de diversos estados a avanzar en el mismo sentido.

BÚSQUEDA. Julio César Rojas de la Cruz, quien dijo ser abogado y representa­nte legal de Viajes Aerovip México, se presentó en la casa de transición de AMLO para pedir informes de Gustavo Javier Jiménez-pons, el empresario que ofreció comprar el avión presidenci­al. Rojas lo acusó de defraudar a la empresa que representa con 572,00 dólares por no entregarle boletos de la Selección Mexicana para el Mundial de futbol Alemania 2006. Incluso, el abogado ofreció 200,000 pesos de recompensa por informació­n de Jiménez-pons.

LANZADOR DE CUCHILLOS. Que se presenten muchas iniciativa­s de ley en el Congreso de la Unión no significa que éste sea muy productivo, pues una gran parte de aquellas se quedan sin aprobar porque el sistema de comisiones de la LXIII Legislatur­a, que está por concluir, está sumamente burocratiz­ado e incumple sus funciones legales. Esto informa la consultorí­a Integralia en su octavo reporte legislativ­o. Resulta que en el Legislativ­o existe un exceso de 187 comisiones, que entorpecen el trabajo legislativ­o y dejan muchas dictaminac­iones sin atender.

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