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Juicios ilegales habían sido denunciados desde hace varios años por organizaciones civiles
durante el 2018. Ayer registró una cotización de 3,623 dólares por unidad; su máximo fue de 19,345 dólares.
RETROCEDIÓ
EL DIRECTOR general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, ordenó una auditoría interna en la institución para deslindar responsabilidades respecto al caso de viviendas adjudicadas por el organismo vía juicios presuntamente ilegales que hicieron que varios derechohabientes se quedaran sin hogar en diversas partes del país.
En entrevista, Martínez Velázquez indicó que además de la auditoría, y con el fin de saber exactamente qué fue lo que ocurrió, también ordenó suspender los procesos de subasta de vivienda recuperada, los cuales fueron muy activos durante la administración del anterior director, David Penchyna Grub, mismos que tenían la finalidad de reinsertar en el mercado las casas que el instituto recuperaba por créditos que en su momento no se pudieron pagar.
“De manera preventiva ya solicité al comité de auditoría interna del Consejo de Administración se hiciera una investigación respecto a lo que haya pasado, la solicité en diciembre mismo (y estoy) esperando resultados y en la medida de que tenga más claro qué está pasando ya diremos alguna resolución”, explicó Martínez Velázquez, quien ha sido enfático en que su dirección al frente de la hipotecaria del Estado se enfocará a la austeridad y el combate a la corrupción, tal y como lo ha planteado el gobierno actual.
“Además —añadió— anuncié la suspensión de los ejercicios de subasta de vivienda adjudicada, entonces al suspender eso también nos da la oportunidad de analizar el resto de la cadena en esa materia”.
Aunque el asunto de los juicios presuntamente ilegales que despojaron de su vivienda a varias personas tomó relevancia en diciembre pasado, cuando se ordenó la suspensión de jueces de Nayarit y Coahuila presuntamente involucrados en estos actos, éste se ha denunciado desde hace varios años por diversas organizaciones civiles.
De acuerdo con información en diversas entidades de la República, principalmente en Coahuila y Nayarit, el supuesto fraude que pudo afectar a miles de derechohabientes, y en el cual también se ha señalado a exfuncionarios del instituto, se basó en juicios que se entablaron en contra de derechohabientes, sin que éstos hayan sido informados de ello y con el fallo en su contra con el fin de despojarlos de sus viviendas.
Cuestionado sobre si existía la probabilidad de que algunas de las viviendas que se recuperaron vía estos juicios pudieron haberse colocado dentro de los procesos de subasta de casas recuperadas de la administración anterior, Martínez Velázquez se limitó a responder que el tema está en análisis y enfatizó que el actuar del instituto en ningún momento debe vulnerar los derechos humanos de los derechohabientes.
“Hay que entender y ser conscientes de que nuestras acciones nunca pueden vulnerar los derechos humanos de los trabajadores, entonces tenemos que tener este estudio que es bien importante y ahorita hemos hecho estas dos acciones (ordenar la auditoría y suspensión de los procesos de subasta)”, comentó el director de la hipotecaria más grande del país.
De acuerdo con información del mismo instituto, tan sólo en el año anterior en sus cuatro procesos de subasta de vivienda recuperada y colocada con desarrolladores, para que éstos la reinserten en el mercado, se colocaron 20,687 viviendas, que significaron ingresos al organismo por 2,700 millones de pesos.
El director del Infonavit expuso que además de dicha investigación interna, el instituto está dispuesto a colaborar tanto en las investigaciones locales como en las que realice la Fiscalía General de la República al respecto.
EL RETO
Esta situación podría tener un impacto para el Infonavit, pues los perjudicados podrían iniciar acciones legales en caso de que se encuentren irregularidades en sus procesos, lo que significaría gastos para el organismo.
A septiembre pasado, el Infonavit contaba con 87,241 procesos por demandas promovidas en su contra por diversos motivos, para las cuales el organismo había realizado reservas del orden de los 303
millones de pesos por el riesgo legal que esto representa.
Aunque la auditoría arroje que funcionarios o extrabajadores del mismo instituto estuviesen relacionados con esta problemática, el asunto no sería nuevo, pues desde
el 2016 el organismo ha iniciado 16 sanciones administrativas contra personal de la misma institución por diferentes irregularidades, que en algunos casos han significado destituciones.