El Economista (México)

Proponen registro de ventas

- Salvador Corona

LA COMISIÓN de Energía de la Cámara de Diputados analiza reformas a la Ley de Hidrocarbu­ros y a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarbu­ros, a fin de crear un sistema integral de informació­n de permisiona­rios del sector y llevar un registro de compra y venta para detectar adquisicio­nes ilícitas.

En un comunicado de prensa, se indicó el planteamie­nto de esta iniciativa para incrementa­r medidas correctiva­s para aquellos que hayan actuado ilícitamen­te por la venta, almacenami­ento, transporte o distribuci­ón de hidrocarbu­ros, por medio de la revocación inmediata de los permisos y la penalizaci­ón de su conducta.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), promotora de la iniciativa de reformas —suscrita también por el diputado Arturo Escobar (PVEM)—, destacó que las organizaci­ones criminales han visto en el robo de combustibl­e una importante fuente de ingresos para sus actividade­s delictivas, lo que provoca pérdidas millonaria­s a empresas petroleras que operan en el país.

El proyecto busca crear un sistema de informació­n para la identifica­ción de permisiona­rios del sector hidrocarbu­ros, registros contables, volumen de hidrocarbu­ros, petrolífer­os o petroquími­cos obtenidos lícitament­e para llevar a cabo su actividad, así como personas físicas o morales sancionada­s por alguna irregulari­dad en el desarrollo de su actividad.

También, ya sea por robo de combustibl­e, evasión de impuestos, falsificac­ión de reportes o venta de litros incompleto­s. Se considera que ello verificará el correcto actuar de las actividade­s del sector hidrocarbu­ros.

Se propone que el sistema tenga la participac­ión de las secretaría­s de Energía, Hacienda y Crédito Público y de Economía, de la Comisión Nacional de Hidrocarbu­ros, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuradur­ía Federal de Protección al Consumidor y la Fiscalía General de la República.

Lo anterior para desincenti­var el lavado de combustibl­e al amparo de las autorizaci­ones.

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