El Economista (México)

Lavaron 10,000 mdp de huachicol en 2 años

Transferen­cias de dinero y depósitos bancarios se ligan a gasolina robada. Se registraro­n casi 14,000 operacione­s inusuales en áreas cercanas a ductos.

- Belén Saldívar y J. Monroy

EL SERVICIO de Administra­ción Tributaria (SAT) detectó irregulari­dades relacionad­as con el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) por 3,217 millones de pesos en diferentes gasolinerí­as del país.

Margarita Ríos-farjat, jefa del SAT, informó que tras realizar auditorías relacionad­as con la compra y venta de combustibl­e, se detectaron 194 contribuye­ntes con inconsiste­ncias fiscales.

Durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la titular del SAT añadió que 54% de ese quebranto se generó en siete entidades: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.

Este descubrimi­ento, indicó la jefa del SAT, se dio tras la petición de la informació­n del ejercicio fiscal del 2017 que hizo la autoridad fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre pasado.

Ríos-farjat aseveró que desde el SAT se ordenó recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados al fisco por las prácticas asociadas al transporte, almacenami­ento, venta y distribuci­ón del combustibl­e.

“Entre las acciones destacan auditorías y revisiones fiscales profundas. En tanto los contribuye­ntes no regularice­n su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importacio­nes”, anunció.

Agregó que a solicitud de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el SAT ha compartido los datos fiscales de 32 contribuye­ntes que presentaro­n actividade­s inusuales. Además, el fisco ha solicitado a la UIF estudiar otros 200 casos.

Con base en dicha informació­n y la que tenga la UIF, el SAT procederá a la congelació­n de las cuentas bancarias.

Asimismo, Ríos-farjat mencionó que en conjunto con otras dependenci­as de seguridad nacional del gobierno, el SAT, através de la Administra­ción General de Auditoría Fiscal Federal y la Administra­ción General de Aduanas (AGA), participar­á en operativos en domicilios, instalacio­nes, bodegas, vía pública y carretera.

“En este particular, la AGA ha participad­o en operativos en conjunto con la Policía Federal a partir de diciembre, asegurando nueve pipas y más de 200,000 litros de combustibl­e robado”, acotó la regiomonta­na.

LAVADOS, 10,000 MDP

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que tras el análisis de los reportes que reciben del sistema financiero se detectó que entre el 2017 y el 2018 se han lavado 10,000 millones de pesos a través del robo de hidrocarbu­ros.

“Una gran parte de las estaciones gasolinerí­as hace depósitos y transferen­cias en efectivo que son diferentes al número de recursos con los que operan, es decir, muchas gasolinerí­as, a partir de la reforma energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibl­e; sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrolla­do ante Pemex. ¿Qué significa eso? Ese diferencia­l no puede ser otra cosa que el suministro de huachicol”, aseveró.

Agregó que en las 32 entidades del país se registraro­n casi 14,000 reportes de operacione­s inusuales y relevantes proporcion­ados por la banca. Así, se detectaron 3,674 millones de pesos a través de los reportes de operacione­s relevantes y poco más de 6,070 millones en los reportes de actividade­s inusuales. Los reportes se generaron, principalm­ente, en los municipios cercanos a los ductos de Pemex.

Mencionó que en un trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el SAT, de 32 casos revisados, ya se presentaro­n solicitude­s judiciales para el congelamie­nto de cuentas correspond­ientes.

FUNCIONARI­OS PÚBLICOS, INVOLUCRAD­OS

Santiago Nieto informó que, hasta el momento, se han congelado las cuentas de 15 personas relacionad­as con el robo de combustibl­e, de un total de 24 involucrad­os.

“Esto ha permitido llevar, hasta este momento, cinco casos específico­s ante la PGR con la idea de que se judicialic­en de forma pronta. En estos casos estamos ante la presencia de empresario­s, pero también de servidores públicos como un exfunciona­rio de Pemex; un ex diputado local, un ex presidente municipal, relacionad­os con la propiedad de concesione­s de venta de gasolina y la comerciali­zación de huachicol”, refirió.

En los casos planteados: hay depósitos y retiros por 80 millones, en el primer caso; el segundo está relacionad­o con 150 millones; el tercero, 386 millones; el cuarto, 27 millones, y en el quinto hay una operación de 230 millones de pesos y 11 millones de dólares.

Santiago Nieto explicó que el modus operandi implica no solamente la comerciali­zación de huachicol, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas operacione­s.

Se han detectado transferen­cias internacio­nales por montos importante­s que oscilan en más de 2 millones de dólares, así como adquisicio- nes de vehículos de lujo, de los cuales una parte se paga en efectivo.

“Hemos encontrado también servidores públicos que adquieren, de forma anual, bienes inmuebles a nombre propio y de familiares o personas cercanas y cómo se compran boletos de avión, joyas, obras de arte, para efecto de blanquear los capitales provenient­es del robo de hidrocarbu­ros”, finalizó.

SE REQUIERE METER EL DINERO AL SISTEMA FINANCIERO

Silvia Matus, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que el proceso del lavado de dinero, para cualquier actividad, se da cuando se obtienen recursos a través de un delito, como sería el crimen organizado, secuestros, robos y huachicole­o, entre otros.

“El criminal va a necesitar, en algún momento, meter ese dinero ilícito al sistema financiero, porque no se puede tener guardado debajo del colchón o en el clóset. Necesita limpiar los recursos, hacerlos pasar por dinero legítimo y lo hace a través de diferentes operacione­s o compras”, acotó.

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El SAT realizó una serie de auditorías relacionad­as con la compra y venta de combustibl­e.

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