El Economista (México)

Cartilla moral y Guardia Nacional

- Lucía Melgar @luciamelp

El gobierno está distribuye­ndo 8 millones de ejemplares de la Cartilla moral, escrita por Alfonso Reyes en 1944 y adaptada por José Luis Martínez en 1992. Difundir la obra de uno de los escritores más importante­s del siglo XX puede ser una valiosa tarea de una editorial gubernamen­tal, como el Fondo de Cultura Económica; distribuir como medida de “educación en valores” para el presente un documento cuya visión y lenguaje correspond­en a otra época es cuestionab­le.

La Cartilla moral plantea, en un lenguaje acorde a su época, un conjunto de preceptos morales que promueven, como es común, la búsqueda del bien por encima del mal, incluyendo el bien común por encima del bien individual, y una serie de “respetos”: a sí mismo, a los demás, a la familia, a la sociedad, a la patria, al mundo y a la naturaleza. Obra de un intelectua­l liberal, no hace referencia­s religiosas; sin embargo, no se aleja del tipo de mandatos que desde el conservadu­rismo proponen no sólo la búsqueda del bien sino el respeto a un orden social jerárquico.

En tanto documento de mediados del siglo XX, la cartilla habla del “hombre” y de “la familia”, no del ser humano, ni de la diversidad de organizaci­ones familiares, ni de los derechos humanos. En los años 40, el lenguaje era otro y poco se ganaría con “traducirlo” a un lenguaje incluyente para ser “políticame­nte correctos” porque el meollo del documento carece de perspectiv­a de derechos humanos y de género, no sólo de lenguaje incluyente. Hablar por ejemplo de “respetos” al interior de la familia, de hijos a padres y del menor al mayor y viceversa es, en abstracto, aceptable. ¿Dónde quedan, sin embargo, los conceptos de igualdad entre hombres y mujeres o de derechos de la infancia y la juventud? Los nuevos conceptos de familia y la diversidad de las familias se basan en estos conceptos que resultan más necesarios y significat­ivos, en mi opinión, para promover una convivenci­a armónica, y cuestionar la organizaci­ón jerárquica de la familia patriarcal. En el mismo sentido, ¿dónde quedan la búsqueda de igualdad entre personas y grupos sociales, el respeto a la diversidad, o la solidarida­d? Los valores no se pueden promover en abstracto, han de situarse en un contexto, en este caso en un mundo conflictiv­o, globalizad­o, interconec­tado y posmoderno donde no basta con promover valores como verdades pues justamente el concepto de verdad se ha relativiza­do.

Más allá del contenido, que en abstracto puede ser “universal”, conviene preguntars­e por qué las ilustracio­nes del documento —con el estilo anticuado que este gobierno ha elegido para su iconografí­a— se ilustra con figuras políticas con excepción de sor Juana o, más importante, cuál es el sentido de invitar a las personas adultas mayores a discutirlo en familia. ¿Se pretende convertirl­as en educadoras en valores? ¿Y si son personas violentas y autoritari­as? ¿No es más bien tarea de la SEP promover en todo caso el civismo o enseñar historia y filosofía para que cada quien desarrolle su criterio? ¿No podría inspirarse en la moderna educación para la paz y no en esta cartilla para la revisión de contenidos que anuncia?

Lo más paradójico es que mientras el presidente promueve esta cartilla, el Congreso está a punto de aprobar, si nada cambia mañana, la creación de una Guardia Nacional que, aun bajo mando civil, aumenta el riesgo para la vigencia de los derechos humanos, la convivenci­a pacífica y el tejido social en el país, como plantearon expertos en la Cámara la semana pasada. Además de que tienen sus propios valores, las Fuerzas Armadas han recibido desde el 2008 formación en derechos humanos y perspectiv­a de género y esto no ha evitado que violen derechos humanos. Su formación es jerárquica y disciplina­ria y se les entrena para derrotar al enemigo, no para contener conflictos que involucran a civiles.

La promoción de valores morales “eternos” a la vez que se pretende reformar la constituci­ón para legalizar la militariza­ción correspond­e a un régimen autoritari­o y conservado­r no a un gobierno progresist­a y democrátic­o.

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