El Economista (México)

Necropolít­ica contra la infancia migrante

La política criminal del gobierno de EU

- Lucía Melgar @luciamelp

Constantin Mutu fue arrancado de su padre a los cuatro meses de edad. Originario de Rumanía, éste había quedado separado de su mujer y otro hijo en la frontera con México. Detenido por la Border Patrol fue llevado con su bebé a una estación migratoria y luego encarcelad­o. Constantin fue enviado con una familia de acogida, con la que vivió más de cinco meses, antes de ser devuelto a sus padres, ya en Rumanía. En el contexto de deshumaniz­ación de la población migrante que prevalece en Estados Unidos, Constantin “tuvo suerte”. A diferencia de otros menores que siguen separados o se han “perdido”, crecerá con su familia de origen. Su madre y hermano lograron volver a su país, y su padre fue deportado (con el engaño de que su hijo viajaría con él). La mujer que lo acogió mantuvo contacto virtual con su madre biológica y abogó porque fuera devuelto a ésta. El desenlace, sin embargo, no es tan “feliz”: ya con más de año y medio, el niño no habla y no puede caminar solo. Carga con los primeros efectos del trauma.

Aun antes de que se agudizara la criminaliz­ación de la migración en EU y se impusiera la separación familiar de manera masiva a partir del 2017 y sobre todo en el 2018, diversos medios y organizaci­ones habían denunciado las condicione­s carcelaria­s que se imponen en los centros de detención y sus efectos traumático­s. En el 2017, la Asociación Americana de Pediatría advirtió que la separación familiar y la detención de menores para “desalentar la migración” atenta contra los derechos de la infancia y las leyes del país, y tiene efectos indelebles en el desarrollo de niños, niñas y adolescent­es. El encierro, la falta de higiene, de cuidados médicos y psicológic­os y hasta de apoyo legal, así como la negligenci­a o el maltrato (que llega hasta el abuso o a la prohibició­n de consolarse unos a otros) provocan daño físico y psicológic­o que se manifiesta en depresión, intentos de suicidio y, a la larga, en retraso en el desarrollo y síndrome de estrés postraumát­ico. Por ello desde entonces recomendab­a

evitar la separación y el encierro y garantizar salud, educación, recreación y apoyo legal a todos los menores, solos o acompañado­s.

Ni éstas ni otras protestas más recientes han logrado contener la política criminal del gobierno de EU ni los discursos de odio que la sustentan. Tanto la separación familiar como la detención de niños, niñas, adolescent­es y adultos en condicione­s inhumanas continúan. Peor aún, como si este tipo de encarcelam­iento masivo no bastara, el gobierno de Estados Unidos confirmó la semana pasada su intención necropolít­ica con dos medidas inaceptabl­es: por un lado, pretende encerrar a 1,000 menores en Fort Sill, que en los años 40 sirvió como campo de internamie­nto para la población deorigen japonés, entonces denostada como “enemiga” de la nación; por otro, redujo el presupuest­o destinado a centros de detención para menores migrantes, lo que implica dejarlos sin educación, actividade­s recreativa­s ni apoyo legal, y empeorar el drama que ya viven.

En México, la separación familiar no es sistemátic­a, pero se ha dado; la detención de menores es común, también en condicione­s que transgrede­n los derechos humanos. Entre los 12,311 menores detenidos entre diciembre del 2018 y abril del 2019, 301 tenían menos de un año. En marzo, Sin Fronteras denunció que hay niños, niñas y adolescent­es privados de su libertad. El abuso en tránsito y bajo detención es conocido. Los albergues del DIF no son una alternativ­a humanitari­a pues están en “condicione­s deplorable­s”. Todo ello atenta contra los derechos de la infancia y puede dejar huellas indelebles que dificultar­án más la vida de quienes, solos o acompañado­s, buscaban huir de la violencia y del maltrato.

Militariza­r la frontera sur para contener la migración y mantener en el norte de México a solicitant­es de asilo en EU, sin contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar los derechos humanos y los de la infancia, no es un gesto de humanidad, es un atentado contra la dignidad humana.

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