Buscan que se cite a funcionarios
CASO NOCHIXTLÁN
TRES AÑOS han pasado desde aquel domingo 19 de junio del 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, en donde un desalojo de vías culminó en la muerte de ocho personas y dejó decenas de heridos entre policías y civiles. Las investigaciones permanecen en el limbo.
Sobre los hechos de aquel día en Nochixtlán se han recopilado 27 tomos que constituyen, hasta ahora, la investigación. Cuatro líneas de investigación se siguen: obstrucción de las vías de comunicación, robo, homicidio y daños a terceros; 15 carpetas de investigación aún están abiertas, también derivado de esa acción.
Poco o nada se sabe, a ciencia cierta, de los civiles que dispararon a los elementos de la Policía Federal; de la contradicción en las declaraciones de los elementos de seguridad y funcionarios públicos sobre la actuación ese domingo de las personas que portaban machetes; de la responsabilidad, en general, de autoridades y manifestantes.
Sobre los civiles armados, afirmó en entrevista Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas de Nochixtlán, es un hecho que ha sido reconocido por las víctimas.
“Indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): ‘Tuvimos un solo testimonio de un civil que hubo gente armada’, ¿y los testimonios de las víctimas y de los civiles que estaban disparando del Hotel Meztli?, ¿porqué no la tomaron en cuenta?, se ve un sesgo claro (…) Nosotros, ante los medios, hemos dicho que sí los hubo (civiles armados)”.
Hasta ahora, indicó Ambrosio Hernández, son 84 víctimas “con documentos” las que resultaron del enfrentamiento, en un inicio, entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El presidente del Comité de Víctimas de Nochixtlán afirmó que solicitaron hace unas semanas a la Fiscalía General de la República que se llamara a comparecer a autoridades en funciones durante los hechos.
“La Fiscalía nos contestó, por escrito, que no era posible ya que no tenían contemplado en ninguno de los tres órganos de gobierno tanto federal, municipal y estatal, en su investigación”, afirmó.
Ante la negativa refirió Ambrosio Hernández, se buscó un amparo, el cual se otorgó a las víctimas el pasado 10 de junio.
Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina el pasado 29 de enero, dejó abierta la puerta para que se cree una Comisión de la Verdad sobre los hechos de Nochixtlán.
“Si hace falta, lo hago, como lo dice en el caso de Ayotzinapa. Y ya en este caso hay avances”, señaló en ese entonces el mandatario mexicano.
El 19 de junio de aquel año hubo un enfrentamiento de policías federales con integrantes de la CNTE y habitantes de Oaxaca que protestaban contra la reforma educativa.
El enfrentamiento ocurrió cuando los policías federales implementaron un operativo para desalojar a los manifestantes de la carretera Oaxaca-cuacnopalan, que mantenían tomada.
Según el informe de la Comisión para el Caso Nochixtlán de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se creó un fondo de 10 millones de pesos, de los cuales se habían erogado por conceptos de “ayuda, asistencia y reparación integral”.
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
El 17 de octubre del 2017, poco más de
un año después del enfrentamiento entre integrantes de la CNTE y elementos de la Gendarmería de la Policía Federal y policías locales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos giró la recomendación 7VG/2017.
En entrevista, Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH, indicó que pese al tiempo que ha pasado, las autoridades, tanto a nivel local como federal, sólo han cumplido con 25% de las recomendaciones giradas.
Además de que aún se encuentra en procedimiento una denuncia penal y siete procesos administrativos en contra de los funcionarios, a quienes se giraron las recomendaciones.
“En la recomendación aparece identificada una serie de servidores públicos que son señalados como las autoridades responsables de la emisión de larecomendación, la denuncia está orientada en contra de esos servidores públicos; tiene que ver tanto con servidores públicos que intervinieron directamente con los hechos como con mandos de los mismos”, sostuvo.
El coordinador afirmó que lo más apremiante del caso es la reparación integral del daño a las víctimas: “Ésa es la parte más sensible y es la parte donde aún no terminan de cumplir las autoridades”.