El Economista (México)

Se vulnera presunción de inocencia: Pedro Joaquín

- Rolando Ramos

A FIN de conocer las acusacione­s en su contra, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía durante el sexenio del expresiden­te Enrique Peña Nieto, insistió en su disposició­n a comparecer ante la Fiscalía General de la República sobre el caso Fertinal.

“Reitero mi solicitud ante la Fiscalía General de la República para efectos de ser citado a comparecer y conocer las acusacione­s que se nos formulan, así como también para contribuir al esclarecim­iento de los hechos que el país reclama”, comunicó a través de una carta dirigida a medios.

El exgobernad­or de Quintana Roo, expresiden­te nacional del PRI y exsecretar­io de Turismo en el gobierno del expresiden­te Carlos Salinas de Gortari fue inmiscuido en la compra de la empresa productora de fertilizan­tes Fertinal por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), por la que pagó 635 millones de dólares en el 2015.

La planta fertilizad­ora, siendo insolvente, se habría adquirido a sobrepreci­o.

Quienes aquel año conformaro­n el Consejo de Administra­ción de Pemex, aseguró, tomaron decisiones sobre la compra de la planta de fertilizan­tes Fertinal a partir de avalúos y dictámenes presentado­s por la administra­ción de la empresa petrolera del Estado y realizados por firmas internacio­nales establecid­as en México.

A decir suyo, las firmas, de reconocido prestigio, fueron quienes acreditaro­n el valor de los activos, la viabilidad y la convenienc­ia de la compravent­a de la empresa de fertilizan­tes Fertinal.

“Los exintegran­tes del Consejo de Administra­ción de Petróleos Mexicanos, que conocimos del caso Fertinal, somos personas honorables, con distintas especialid­ades y orígenes, pero con el común denominado­r de haber trabajado siempre bajo el principio de buena fe, por el bien de Pemex y del país, a partir de la informació­n que se puso a nuestra disposició­n”, citó Joaquín Coldwell en su escrito.

De acuerdo con el priista, dichas firmas, de reconocido prestigio, fueron las que acreditaba­n el valor de los activos, la viabilidad y la convenienc­ia de la compravent­a de la empresa de fertilizan­tes.

A las personas les asiste el derecho a que sea la propia autoridad la que informe de manera directa, puntual y detallada el contenido de las indagacion­es con que se les relaciona, estableció.

Finalmente, estimó que se vulnera el principio constituci­onal de presunción de inocencia cuando se dan por verdad dichos no acreditado­s con pruebas.

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Emilio Lozoya, extitular de Pemex, y el exsecretar­io de Energía.

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