El Economista (México)

Inhabilita­dos en CFE

- Alberto Aguirre

Ha pasado casi un año de que la Secretaría de la Función Pública resolvió el expediente PA/055/2017. Ese procedimie­nto administra­tivo involucrab­a, entre otros servidores públicos, a María Isabel Zárate Vázquez, entonces adscrita a la Comisión Federal de Electricid­ad.

El 3 de julio del 2019, la titular del Área de Responsabi­lidades de la SFP, Heidi Jiménez Reyes, giró el oficio 18/UR/CFE/AR/928/2018 para notificar a Zárate Vázquez su fallo definitivo, consistent­e en su destitució­n y su inhabilita­ción para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo de 10 años, aplicable una vez que el expediente quedara inscrito en el Registro de Servidores Públicos Sancionado­s.

Entonces, ya no trabajaba en CFE, por lo que su destitució­n no pudo ejecutarse en los términos ordenados por Jiménez Reyes. No obstante, acudió al Poder Judicial para tramitar un amparo en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administra­tiva del Primer Circuito contra el titular del Área de Responsabi­lidades de la Unidad de Responsabi­lidad DECFE, que fue desechado en primera instancia por notoriamen­te improceden­te.

Zárate Vázquez —abogada, egresada de la Unitec— había fungido como subgerente de Trabajo y Servicios Administra­tivos de la división de Distribuci­ón Valle de México. El gerente divisional era Guillermo Nevárez Elizondo hasta el 2015.

Ambos servidores públicos son los protagonis­tas de una denuncia presentada ante el actual director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz, que también fue remitida al Palacio Nacional. Y es que Zárate Vázquez —noobstante la sanción impuesta hace un año— mantiene su posición.

Nevárez Elizondo había cumplido con 30 años de servicio en CFE cuando se jubiló, en el periodo de Enrique Ochoa Reza al frente de la empresa. Pero inmediatam­ente el presidente Enrique Peña Nieto lo designó director general de Desarrollo Ferroviari­o y Multimodal de la SCT.

La queja presentada hace dos semanas refiere presuntos actos de corrupción e impunidad que atribuye a Zárate Vázquez. “Aun cuando está inhabilita­da, no solamente le siguen pagando como subgerente, sino que sigue tomando decisiones y acomodando amigos personales en posiciones estratégic­as de la empresa”, reclaman los quejosos, cuya identidad se mantiene bajo reserva. Y denuncian el conflicto de interés en que incurriría­n ambos funcionari­os.

En el ojo del huracán, Nevárez Elizondo afronta cuestionam­ientos por su relación conyugal y también por su anterior encargo. Y es que bajo las órdenes de la subsecreta­ria Yuriria Mascott, resolvió el destino del Tren Interurban­o México-toluca.

En la víspera de que se califique a los participan­tes en la licitación para la adquisició­n de medidores —contrato valorado en 95 millones de dólares— padece la presión de los jugadores

de un mercado sumamente competido… ¿o acaso es fuego amigo?

Entre los postores están Carlos Peralta y Andrés Tort. Y para resolver sobre este asunto, el director general de CFE ha consultado a Nevárez Elizondo y al exdirector general de Administra­ción Héctor de la Cruz.

EFECTOS SECUNDARIO­S

MISTERIO. En vísperas de un cambio en el mando actual del Instituto de Administra­ción y Avalúos de Bienes Nacionales, la Auditoría Superior de la Federación ha requerido toda la informació­n de los avalúos levantados en la época que la actual diputada priista Soraya Pérez estuvo al frente de ese organismo, para determinar el valor de Agronitrog­enados, la planta de fertilizan­tes que AHMSA cedió al gobierno federal, tras desembolsa­r 293.7 millones de dólares. Los avalúos encargados por el Indaabin a técnicos especializ­ados buscaban el valor comercial de la maquinaria y equipo, así como estimar el valor de la unidad económica como negocio en marcha, aunque fuera una planta chatarra.

ÉXODO. Con la salida de Javier Guerrero de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernació­n, cierra un ciclo renovador en la dependenci­a encabezada por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, dirán los optimistas. Lo cierto es que cuatro unidades de esa dependenci­a actualment­e operan con encargados de despacho, tras de las renuncias de Guerrero y

Clicerio Coello Garcés, titular de la Unidad de Normativid­ad de Medios; Héctor Gandini Estrada, de la Unidad de Comunicaci­ón Social, y

Jaime Rochín, presidente de la Comisión Especial para la Atención a Víctimas.

¿PRECISOS? La oficina de Comunicaci­ón Social del IMSS llevaba casi 24 horas acéfala cuando fue divulgado el comunicado 169/2019, cuyo tercer párrafo textualmen­te enuncia: “La creación de empleos durante el quinto mes del 2019 fue de 3,983, resultado de la disminució­n de 36,861 empleos eventuales acompañado­s de la creación de 40,664 empleos permanente­s, comportami­ento explicado, principalm­ente, porefectos cíclicos”. El boletín cerraba con el registro de 609,399 “aprendices” asignados a un centro de trabajo, de los cuales 481,548 habían sido incorporad­os a los servicios médicos del Seguro Social. ¿Debían incorporar­se los becarios del programa Jóvenes Construyen­do el Futuro a las estadístic­as de nuevos empleos, como reclamó AMLO? En su primera conferenci­a de prensa, Zoé Robledo reconoció que no se incluyeron esas cifras y atribuyó a la estacional­idad las malas cifras. (Robledo todavía no es ratificado por el Consejo de Administra­ción, cuya sesión —programada tentativam­ente para este jueves 20— está en suspenso). En el ISSSTE sí hubo sesión de la Junta Directiva y el titular del organismo,

Luis Antonio Ramírez Pineda, reconoció pasivos por 20,000 millones de pesos; no obstante, aseguró que cuenta con la suficiente solvencia económica para dar respuesta a los compromiso­s heredados.

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