Los achaques de la 4T
Del dicho al hecho… Compuesto por ocho rubros, el Índice de Estado de Derecho, generado para México por el World Justice Project (WJP), ubica la ausencia de corrupción y la justicia civil como las dos peores áreas en la percepción de los mexicanos, respecto del desempeño gubernamental.
La medición más reciente —referida al 2019 y a nivel nacional— registró una etérea mejoría en el combate a la corrupción, en comparación con el último año del sexenio peñista, y se mantuvo sin cambios, en materia de justicia civil.
Ni la propaganda gubernamental ni las mañaneras han servido para modificar las percepciones de la población. Al igual que en el último tramo del sexenio peñista, en el primer año de la nueva administración, ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50, en una escala de 0 a 1 (donde 1 representa mayor adhesión al Estado de Derecho). Por segundo año consecutivo, Yucatán ocupa la primera posición en el informe, seguido de Aguascalientes y Zacatecas. En contraste, Guerrero, Puebla y Quintana Roo se encuentran en los últimos lugares de la clasificación. En la edición pasada, Guerrero también se ubicó al final del ranking.
Para los investigadores que elaboraron el índice, el resultado más preocupante es el retroceso en materia de orden y seguridad, en el cual 19 estados del país bajaron su puntaje, como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios y prevalencia e incidencia delictivas, y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.
El Estado de Derecho debe ser una prioridad para actores políticos y empresariales, demandan los mexicanos, según el estudio elaborado por el WJP.
En la presentación del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 participaron Matt Stokes, de la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley en México del Departamento de Estado de Estados Unidos, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
“Si queremos gobernabilidad, paz y seguridad, debemos fortalecer las instituciones y no trastocarlas”, insistió el mandatario panista.
Efectos secundarios
DESTINATARIOS. ¿Será cierto que Emilio Lozoya Austin viajó a Marbella para entrevistarse con el expresidente Enrique Peña Nieto? ¿Que dicho encuentro ocurriría en una residencia adquirida por el exlíder senatorial, Emilio Gamboa, y el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a nombre de su exjefe? ¿Y que el cónclave entre el exdignatario y el exdirector de Petróleos Mexicanos sería para trazar una ruta de negociación con la 4T que involucraría al empresario Bernardo Gómez? Estos obuses mediáticos convenientemente dejaron fuera de las especulaciones al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y más precisamente a su hijo Emiliano, quien después del escándalo de Nxivm —y con mucha discreción— hizo mudanza a la península ibérica. Los Salinas Occelli pasaron las vacaciones decembrinas en costas del Mediterráneo.
CONFRONTACIONES. La noche del pasado martes 11, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, representantes de grupos y movimientos ambientalistas participaron en un foro sobre derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de Tehuantepec. Allí estuvo el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, quien olvidó su pasado como activista y abiertamente criticó a quienes se oponen a los megaproyectos de infraestructura impulsados por la 4T. En su alocución, hizo un comentario a favor de la legitimidad de la consulta sobre el Tren Maya, lo que despertó burlas de un sector del público asistente, compuesto en su mayoría por especialistas en ecología y defensores de la naturaleza, lo que motivó el enojo de Toledo y su petición de que actúen con madurez. Señaló que el tema ambiental es controvertido, incluso al interior del sector público y abandonó el evento, en donde todas las posturas fueron en contra del corredor transístmico.