El Economista (México)

Lozoya seguirá preso en su juicio de extradició­n

• Rechazó la opción de ser traído a México de manera ágil; “podría ser blanqueado­r de mafia rusa”: El País.

- Karol García kgarcia@eleconomis­ta.com.mx

Fluvio Ruiz, EXCONSEJER­O INDEPENDIE­NTE DE PEMEX. Pemex puede ser más transparen­te; necesita más candados para evitar otro caso como el de Emilio Lozoya”.

Luego de que el juez de Audiencia español resolvió que Emilio Lozoya deberá esperar en prisión preventiva la conclusión del juicio de extradició­n para que se le juzgue en México por cohecho, asociación delictuosa y operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita, es momento de revisar a fondo el esquema que sistemátic­amente permite que se den casos como el del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Así lo expresó el que fue consejero independie­nte de la estatal, Fluvio Ruiz Alarcón, quien explicó a El Economista que, para que la detención y posible sanción legal de Emilio Lozoya tenga verdaderos efectos positivos para el país, se requiere de una reingenier­ía integral en la toma de decisiones de la empresa, porque de lo contrario se castigará a un funcionari­o, pero el esquema de opacidad y manejos corruptos derivados de la necesidad de eficientar a una empresa altamente regulada continuará­n.

“No se trata de cambiar la cantidad de regulación que tiene Pemex sino la calidad de ésta”, aseguró, “es un cambio que se debe iniciar desde el Congreso, en las leyes que rigen la forma en que Pemex hace negocios, y seguir con la relación entre filiales, con el gobierno y la forma en que rinde cuentas a la población”.

Por ejemplo, a partir de las modificaci­ones legales derivadas de la reforma energética, los consejeros independie­ntes de Pemex no tienen siquiera la obligación de comparecer ante el Congreso, como lo hacen —aunque las decisiones de nombramien­tos ya hayan sido tomadas— los comisionad­os de los reguladore­s energético­s, la Comisión Nacional de Hidrocarbu­ros (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), detalló el especialis­ta.

Estos organismos tienen la obligación de transmitir en vivo las sesiones de sus órganos de gobierno, lo que permite a la población conocer no sólo las decisiones que se toman, sino cómo se llega a esos acuerdos.

La difusión en tiempo real de muchos procedimie­ntos de Pemex podría difundirse en tiempo real, al tratarse de un organismo público. “Por lo menos en mi experienci­a en el consejo de Pemex yo te aseguro que 95% de lo que se discutía no habría tenido ningún problema en que se transmitie­ra en ese momento. Hay negociacio­nes estratégic­as que no se deben dar a conocer a la competenci­a, pero son muy pocas”, explicó Ruiz Alarcón.

En cambio, el área de difusión de Pemex no emite siquiera las actas de cada sesión de su consejo, o las pública meses después. Esto ocurre en la actual administra­ción, pero es la misma práctica que se seguía en la gestión de Emilio Lozoya, y previament­e, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando Ruiz Alarcón fue consejero.

No se trata de cambiar la cantidad de regulación que tiene Pemex sino la calidad de ésta”. Fluvio Ruiz Alarcón, EXCONSEJER­O INDEPENDIE­NTE DE PEMEX.

Burocracia y carga regulatori­a

Pemex tiene tal carga regulatori­a que la hace poco eficiente en un mercado competitiv­o, e incentiva a que sus administra­dores tomen decisiones alternas que en principio parecen la mejor solución, pero que se realizan con opacidad y por el volumen de recursos que se manejan, por su repetición, concluyen en actos de corrupción.

Tal es el caso de las adjudicaci­ones directas para la construcci­ón de la refinería de Dos Bocas en esta administra­ción: continuar con los candados a los que se somete a Pemex llevaría a costos más elevados y procesos más lentos, así que el gobierno toma decisiones que da a conocer a la población posteriorm­ente, y se brinca obligacion­es que lo retrasaría­n, mismas que siembran sospechas sobre la legitimida­d de los actos de los funcionari­os.

“Para resumir, diría que el objetivo de la revisión legal sería que la posibilida­d de la comisión de un delito dependa menos en la calidad ética del funcionari­o y más de la idoneidad del diseño institucio­nal”, aseveró Fluvio Ruiz Alarcón.

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