Energía, el Poder Judicial frente a la destrucción

La regresión histórica, la compulsión de destrucción institucional, y la concentración de poder son las divisas del gobierno actual, y han alcanzado niveles de paroxismo en el sector energía. El gobierno empezó por cancelar las subastas de energía limpia y por anular el mercado de Certificados de Energía Limpia (CEL), y echó abajo proyectos para la interconexión eléctrica de la Península de Baja California y el Istmo de Tehuantepec al Sistema Eléctrico Nacional; instrumentos esenciales para la Transición Energética. Canceló las rondas de licitaciones petroleras; ha tratado de resucitar al monopolio estatal despilfarrando cantidades astronómicas de recursos del erario; y cierra las puertas a la inversión privada. Ha impedido la terminación de gasoductos privados que alimentarían termoeléctricas, ya que pretende que sigan operando con combustóleo, con impactos gravísimos sobre la calidad del aire y la salud de la población. Ha cerrado los ojos al futuro, y quiere devolvernos a un mundo de dependencia total a los hidrocarburos en una involución histórica sin precedente. Capturó a las entidades reguladoras autónomas (CRE, CNH, CENACE, ASEA), las envileció con nombramientos vergonzosos, y las sometió a los caprichos y delirios presidenciales. Ahora las destruye abiertamente; esta semana fue despedida casi la mitad del personal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Construye una absurda refinería con recursos públicos y a un onerosísimo costo ambiental. Miente y simula en el combate al robo de combustibles. Viola ostensiblemente la legislación en materia de Industria Eléctrica, Transición Energética y Cambio Climático, y pisotea objetivos de energía limpia y de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Recientemente, a través de Acuerdos ilegales del Cenace y de la Secretaría de Energía ha lanzado una ofensiva abierta en contra de las energías renovables para favorecer a plantas termoeléctricas obsoletas y caras que operan con combustóleo. A través de esos Acuerdos busca bloquear la conexión de centrales renovables al sistema eléctrico, y anular las reglas económicas de despacho, que obligan a despachar (entrar en operación) primero a las centrales más eficientes y baratas, que son las renovables. También, en flagrante violación contractual, ha multiplicado ocho veces los costos o tarifas de transmisión para centrales de autoabastecimiento.

Ante esta barbarie, afortunadamente, jueces de distrito y tribunales colegiados de circuito han intervenido. Primero, otorgando suspensiones provisionales y definitivas en amparos promovidos por diversas empresas de energías renovables. Segundo, concediendo también suspensiones a Greenpeace y al el Centro Mexicano de Derecho Ambiental contra los Acuerdos de marras invocando los derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente sano (Artículo Cuarto), así como compromisos internacionales en materia de cambio climático, que serían vulnerados por las nuevas políticas. Tercero, la Comisión Federal de Competencia Económica (órgano regulador autónomo que el gobierno quiere destruir también) interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los mencionados Acuerdos de Sener. Como consecuencia, la Suprema Corte, hace algunos días, respaldó a la Cofece suspendiendo la nueva política de Sener contra las energías renovables. A todo ello, el Presidente de la República reaccionó con amenazas y extorsión a las empresas generadoras de energías renovables, desde de su insufrible púlpito mediático.

Se trata de un frente de conflicto entre la SCJN y un gobierno autocrático, regresivo e incompetente, y que abarca no sólo temas y controversias en energía, sino una amplia gama decisiones y leyes aprobadas por un Congreso bajo la férula presidencial, y que pronto serán consideradas y resueltas por la Corte. Destacan el tema de las remuneraciones de servidores públicos y prohibiciones de ejercer su profesión, militarización de la seguridad pública, NAIM en Texcoco, Extinción de Dominio, delitos fiscales y prisión preventiva, estancias infantiles, etc. Gracias a la división y equilibrio de poderes, la Suprema Corte será una importante barrera de contención al despotismo e irracionalidad.