El método de la reflexión y discusión pública
Vamos a dejar las consideraciones políticas a un lado. Podemos estar de acuerdo, o no, con la visión del presidente de la República y su Cuarta Transformación, pero el primero de julio él celebró dos años de su triunfo electoral. Creo que no era tiempo de celebraciones porque vivimos uno de los momentos más difíciles para el país. Hacemos frente a una severa crisis de salud y a la peor crisis económica en muchos años.
Lo que me sorprende es que, después de su informe, muy pocos nos preguntamos: ¿Cómo toma las decisiones el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Tiene un método? ¿Un modelo? ¿Cómo debemos evaluar su rol como administrador público? ¿O acaso no lo es?
Nos lo dice todos los días: en el centro de su gestión administrativa está la austeridad y la lucha contra la corrupción. Según él, ya nada es como antes. Excelente. Nadie puede estar en contra de eso.
Pero vayamos un poco más allá. Que las cosas “no sean como antes” no significa que hoy existe el mejor modelo de toma de decisiones y de gestión en el gobierno. La responsabilidad de un administrador público es crear valor, valor público.
Dos años después del triunfo electoral del presidente López Obrador, se ha intentado implementar una transformación y no está claro si esa transformación crea o destruye valor público.
A partir de la Revolución Mexicana y la profesionalización del gobierno, pasamos en México de una visión y operación de la administración pública como el ejercicio máximo de intermediación de grupos de interés a otra etapa del análisis y la maximización del beneficio neto. Hoy, con la 4T, se intenta destruir ambos modelos.
La administración pública era el campo de los profesionales. Hoy se pretende que el pueblo decida. Pero no hay un mecanismo para que el pueblo reflexione y decida sobre lo que importa. El presidente nos dice todas las mañanas lo que, desde su perspectiva, el pueblo quiere.
Antes se veía a los administradores públicos como expertos, hombres y mujeres con experiencia y con entrenamiento para encontrar los mejores medios de lograr los objetivos que señalaban las leyes.
El proceso democrático identificaba los problemas que debían resolverse. Los procesos administrativos eran neutrales y se buscaba optimizar las políticas públicas.
La experiencia de los administradores públicos se centraba en los procedimientos y en las técnicas que les permitían resolver todo tipo de problemas.
La habilidad negociadora del administrador público era fundamental, era una especie de árbitro. La responsabilidad del proceso de toma de decisiones se sustentaba en que todo aquel que tenía un interés legítimo en un tema, o que podía ser afectado por la acción del gobierno, su punto de vista debía estar representado.
Era lógico que, con el fin de una era de economía y política cerradas, nos hiciéramos la pregunta: ¿Es el interés público la agregación y reconciliación de las diferentes posiciones de grupos de interés o de líderes políticos?
El enfoque de maximización del beneficio neto surge con la apertura de la economía en México. Llegó al poder un grupo de administradores públicos formado en las mejores universidades nacionales y extranjeras, con todas las herramientas para la toma de decisiones, la planeación, la asignación de recursos, la teoría microeconómica aplicada a las políticas públicas.
El administrador público era un analista que buscaba la eficiencia. Estructuraba el proceso de toma de decisiones para definir el problema, sopesar los antecedentes, pensar en opciones, alternativas, decidir, implementar y asumir las consecuencias de la implementación de la solución.
La opción escogida era la que generaba mayor utilidad social. El centro de los nuevos modelos de toma de decisiones en la administración pública estaba fincado en el pluralismo de nuestra sociedad. ¿Pero había un aprendizaje social? ¿Eran los administradores públicos responsables y daban respuestas a las preocupaciones de la gente? ¿Eran participantes en el desarrollo político de la comunidad? Al maximizar el beneficio neto, los administradores seguían un proceso ordenado, simplificaban, consideraban alternativas, analizaban costos y beneficios de cada opción. Hoy se critica ese proceso y se le pone la etiqueta de neoliberal o conservador. El problema es que el gobierno de la Cuarta Transformación no nos dice con qué modelo va a sustituir lo que está desarticulando. En dos años destruyó el modelo general de equilibrio político y no sabemos exactamente qué sigue. A todos nos gustaría que hubiera un verdadero aprendizaje social tanto en el proceso como en la sustancia de las decisiones de políticas públicas. El presidente nos dice todos los días que ahora el pueblo decide. Pero quien decide en realidad es él. Ojalá que realmente intentáramos un nuevo modelo en el que el futuro de la comunidad dependa de la reflexión y la discusión de los ciudadanos como aprendizaje social para entender los valores públicos comunes. La deliberación es el cimiento de la democracia. A la hora de la toma de decisiones, el administrador público debería lograr que los individuos revisen, de manera informada, las opiniones sobre hechos y valores, cambien sus premisas y supuestos, descubran intereses comunes. No es fácil que un administrador público penetre realmente en una comunidad y descubra que los desacuerdos y las inconsistencias alientan a los individuos a equilibrar y priorizar lo que verdaderamente necesitan. Cuando se comparten las preocupaciones de una comunidad se llega a acuerdos. La reflexión y discusión pública ayuda a transformar los valores individuales en valores sociales. La deliberación ayuda a forjar propósitos comunes. La deliberación pública transforma a los individuos y los convierte en ciudadanos responsables. Cuando los ciudadanos saben que van a tomar un papel en una decisión, se esmeran por comunicar sus puntos de vista. Descubren nuevas perspectivas sobre el corazón de la decisión, lo que está en juego verdaderamente. Surge un sentido de responsabilidad y de ciudadanía. La gente puede descubrir las preocupaciones sobre su futuro en contraste con los intereses presentes de algunos cuantos políticos. La reflexión y el diálogo público ayuda. La deliberación pública educa a los administradores sobre la mejor forma de provocar el debate. Eso toma tiempo. Requiere esfuerzo. Es más difícil que predicar desde el púlpito. Ayuda a descubrir los valores públicos que tenemos como sociedad. Eso es lo que necesita la Cuarta Transformación. A dos años de su triunfo, deberíamos preguntarnos: ¿Cómo debe tomar decisiones AMLO? ¿Debería considerar seriamente el aprendizaje social? Eso no se descubre en las conferencias de prensa matutinas diarias. Su papel no es el de tomar decisiones por encargo del pueblo. Lo que tiene que hacer entonces es ayudar a la reflexión y a la discusión pública sobre las decisiones que se tienen que tomar. El debate y la controversia no son malos, no son defectos ni hacen la toma de decisiones ni la implementación más difíciles. Son aspectos naturales y deseables en la definición del valor público y el entendimiento de la sociedad. En todo caso, ya es tiempo de que se adopte un modelo de toma de decisiones. Pero lo que no puede hacerse es desperdiciar el talento ni abandonar las habilidades de los expertos en la intermediación entre los grupos de interés ni en el análisis para la maximización del beneficio neto. Crear valor público exige al administrador que piense con claridad y con estructura. El administrador público responsable no debe vender al pueblo únicamente “su propia” visión de futuro, sino presentar todas las visiones alternativas, para que sirvan de base para la reflexión y la discusión. Tiene que enfrentar las decisiones difíciles con método, con herramientas, con equilibrio, con sabiduría. No es un simple analista ni un mero promotor de políticas preconcebidas. Tiene que asumir su responsabilidad y crear valor público.