¿Y el financiamiento al agro?
El Fondo de la Financiera Rural está en la lista de los 109 fideicomisos y fondos que se extinguirán, cuando sea publicado el decreto presidencial. Ese organismo, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, irremediablemente está destinado a desaparecer. Antes de que concluya el 2020, la Cámara de Diputados procesará su mutación, en Agrofin.
La Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en los hechos, quedará inhabilitada para cumplir con sus funciones sustantivas, de otorgar crédito a los pequeños productores rurales: con un patrimonio estimado en 31,900 millones al cierre del segundo trimestre del año, con la extinción del fondo —originado en su ley y en el que quedaron concentrados los activos de Banrural— quedaría con 18,000 millones de pesos en sus arcas y una cartera vencida de tal magnitud que las autoridades regulatorias ya no le permitirían operar.
Si bien el gobierno federal está obligado a responder en todo tiempo por los pasivos concertados por FND con la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos para el fomento económico y los organismos financieros internacionales, la normatividad vigente obliga a la institución que dirige Baldemar Hernández Márquez a que sólo puede prestar hasta dos veces su capital.
Los casi 13,000 millones de pesos que quedarían como remanente provienen de transferencias y remanentes aportadas por Hacienda. Especialistas en el ramo estiman que con ese patrimonio y la cartera por cobrar podrían fondear préstamos y un gasto operativo que hasta hace muy poco no atendía la austeridad republicana.
Los nuevos lineamientos que aplicarán a los fideicomisos serían extensivos a la nueva institución, una vez sancionada su ley en San Lázaro. Y también, una sinergia con el Banco de Bienestar cuyo arranque es inminente para enfrentar la cartera vencida, los expedientes de crédito incompletos y los préstamos sin garantía que agobian la operación diaria de la FND.
Después de la salida de Onésimo Hernández Bello, el nuevo titular de la FND mantiene vacante la dirección general adjunta de Crédito y otras áreas estratégicas de la institución, en espera del visto bueno del Consejo Directivo para los nombramientos propuestos por Hernández Márquez.
Mientras, avanza a marchas forzadas la implantación del nuevo esquema para financiar las actividades agropecuarias, en cumplimiento a los lineamientos presidenciales. Desde hace tres meses —cuando Hernández Márquez sustituyó a Javier Delgado—, los ejecutivos de oficinas centrales han transmitido a las coordinaciones regionales la instrucción de eliminar a los intermediarios financieros y “entregar directamente” los recursos a los productores del campo y de áreas rurales en zonas de alta marginación y pobreza, por todo el país.
Nuevos topes, sólo créditos pequeños. Y en lugar de la estructura operativa, la habilitación como agentes de la FND de los “servidores de la nación” que actualmente trabajan en el programa Sembrando Vida.
A finales de agosto pasado, las coordinaciones regionales recibieron la inédita instrucción de suspender los trámites en curso. Los esfuerzos del personal debían concentrarse en la recuperación de cartera, que alcanzó niveles históricos al cierre del tercer trimestre del 2020.
¿Los recursos disponibles están limitados por la austeridad republicana o por la capacidad de los nuevos funcionarios?
Sin experiencia en instituciones financieras y un equipo diezmado, Hernández Márquez cuenta con el respaldo pleno del Ejecutivo federal —ambos fueron colaboradores cercanos del exgobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero— y un objetivo claro: convertir a la Financiera en una extensión del Banco del Bienestar.