Salgado Macedonio ¿Enviado del futuro?

La 4T ha tomado muchas decisiones muy controvertidas, para muchos francamente equivocadas, pero hasta ahora dentro de los cauces que todavía se pueden presumir como legales.

La cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco se justificó con un montaje de consulta pública, pero aun así estaba dentro de las facultades del Presidente anular esta obra, así fuera en contra del sentido común.

Hacer una refinería que no se necesita, devastar una selva para que cruce un tren, dejar de comprar medicamentos, cerrar estancias infantiles, vamos, usar discrecionalmente el presupuesto para los programas asistencialistas encuentran márgenes de justificación dentro de las leyes.

Hay otros asuntos que bordean más el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, como investigar presuntos actos de corrupción durante la 4T a los que les sobran evidencias o las presiones para tener organismos autónomos a modo, como la elección de la ombudsperson en la CNDH.

Pero, en aquellos asuntos que pueden generar acusaciones de actos abiertamente autoritarios, se ha pisado la raya de la legalidad para llegar al resultado que busca la 4T.

Por ejemplo, el intento de regresión en los sectores eléctrico y petrolero inició con decretos presidenciales, cuando los afectados recurrieron al poder judicial, se intentó la vía de la modificación de las leyes secundarias. Y, ahora, en lo que llega la resolución de la Suprema Corte respecto a la contrarreforma eléctrica, la amenaza es una modificación constitucional.

Al final, ese es el camino legal. Puede haber resoluciones, como no pocas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que rayen en la obviedad de la sumisión ante el ejecutivo, pero aun así mantienen las formas.

El poder Legislativo es un mero requisito para los asuntos presidenciales, donde la mayoría de López Obrador hace evidente que respetan la orden de no cambiar ni una coma a sus iniciativas. Pero incluso esa vergüenza está dentro de los márgenes legales.

Hasta ahora, pues, la 4T no ha buscado pleitos mayores con los afectados por eventuales decisiones autoritarias, esas que claramente no alcancen una justificación en los límites de la legalidad. Como, por ejemplo, el pleito con las empresas energéticas de Estados Unidos.

Pero en esas estábamos cuando llegó Félix Salgado Macedonio, senador de Morena y cuestionado candidato de ese partido al gobierno de Guerrero.

Por encima del sentido común y de no pocas leyes, desde la cúspide del poder lo hicieron candidato a la gubernatura por encima de no pocas acusaciones de violación.

Cuando quedaron al descubierto sus gastos de precampaña no reportados, busca pasar por encima de la ley con la amenaza de impedir que haya elecciones en el estado de Guerrero. Él quiere la gubernatura independientemente de lo que digan las leyes.

Y en sintonía con este abierto desafío a la legalidad, el presidente de Morena, Mario Delgado, amenaza con exterminar al Instituto Nacional Electoral si sus consejeros no se someten a lo que ellos quieren. Así de claro, así de peligroso.

Con tal cúmulo de violaciones a las leyes en torno a Salgado Macedonio, vale preguntar si es una excepción dentro de la Cuarta Transformación. O bien es un anticipo del rumbo que podrían tomar las cosas en el futuro.