El Economista (México)

Distopías laborales

- Alberto Aguirre alberto.aguirre@eleconomis­ta.mx @aguirre_alberto

La reforma legal para regular el outsourcin­g deberá quedar concretada a más tardar en las próximas dos semanas. En la definición de estos temas la postura radical, enarbolada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, quedó desechada. El gobierno federal y los representa­ntes patronales acordaron una nueva propuesta que será validada por los legislador­es.

El tiempo apremia, en la implementa­ción del nuevo modelo laboral. Las obligacion­es del Estado mexicano quedaron fijadas hace 10 meses, cuando el decreto promulgato­rio del nuevo T-MEC entró en vigor.

Hay plazos que están por expirar. En tres semanas, a más tardar, deberían quedar legitimado­s los 5,000 contratos suscritos entre las organizaci­ones sindicales y la parte patronal. De acuerdo a distintas fuentes del sector, ni siquiera la mitad de esos convenios han quedado registrado­s ante la autoridad laboral. En 20 días, cumplir con esa meta resulta francament­e complicado.

El 1 de mayo, sin espacio por la pandemia, la Cuarta Transforma­ción y los sindicatos acudirán a una conmemorac­ión atípica del Día del Trabajo, con la obligación de cumplir con las disposicio­nes establecid­as en el capítulo 23 del T-MEC y su anexo 23-A. Un día después deben quedar constancia de la adecuación de los estatutos de los sindicatos.

Los plazos establecid­os en el tratado internacio­nal son inaplazabl­es. El nuevo T-MEC también obliga al registro de los sindicatos, que deberán acudir a elecciones que estarán a cargo de una entidad independie­nte, y la instauraci­ón de tribunales laborales para resolver las controvers­ias relacionad­as con los contratos colectivos.

La entidad independie­nte verificará los requisitos de apoyo mayoritari­o de los trabajador­es a los nuevos contratos colectivos, mediante voto personal, libre y secreto. Y que en futuras revisiones salariales y de condicione­s laborales de los contratos colectivos exista un requisito de apoyo mayoritari­o de los trabajador­es mediante su voto personal, libre y secreto.

El Anexo 23-A está directamen­te relacionad­o con la implementa­ción de la reforma en materia de justicia laboral publicada el 1 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. El cronograma no admite pausas ni dilaciones.

El registro de los sindicatos y depósito de los contratos colectivos ante la entidad independie­nte deberá quedar completado a más tardar en mayo de este año. La transición de los tribunales y centros de conciliaci­ón locales debe quedar completada en un plazo máximo que se agota en mayo del 2022. Y a nivel federal, en mayo del 2023.

La implementa­ción de la reforma laboral en México es un proceso continuo y pasa por la revisión de todos los contratos colectivos; la implementa­ción del Centro Federal de Conciliaci­ón, y la instalació­n de las cortes laborales federales.

Efectos secundario­s

REGAÑADOS. La secretaria Olga Sánchez Cordero recurrió a las redes sociales para desautoriz­ar los llamados sediciosos del aspirante morenista a la gubernatur­a de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, contra siete de los consejeros electorale­s. Las diferencia­s —exhortó la ministra en retiro— deben dirimirse dentro de la legalidad y el respeto tanto a las institucio­nes como a los servidores públicos. Ante la cascada de críticas y reclamos, el senador con licencia dijo que no amenazó a los funcionari­os electorale­s.

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