Captura y rentas
Previo a la incorporación en 1986 de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (el GATT, antecedente de la OMC), la política proteccionista se sustentaba en tres instrumentos: aranceles, precios oficiales de importación (base para el cálculo del arancel) y permisos previos de importación. El otorgamiento de estos últimos cuando se trataba de bienes manufacturados, principalmente de bienes de consumo, eran decididos en la Secretaría de Industria y Comercio (hoy Secretaría de Economía) en un proceso de negociación entre los funcionarios encargados de administrar la regulación y la empresa que buscaba tener el permiso para importar, siendo ésta una fuente significativa de corrupción.
El funcionario sabía que en sus manos estaba la facultad de otorgar, negar o condicionar su otorgamiento por lo que se entraba en un proceso de negociación: cuánto ofrecía la empresa (el soborno) a cambio de obtener el permiso. Cuando se llegaba a un acuerdo, el funcionario obtenía una renta y la empresa el permiso. Ser poseedor de un permiso de importación le otorgaba a la empresa un poder monopólico frente a los consumidores, el cual aprovecha no solo para recuperar lo que le había pagado al funcionario sino, más aún, una renta para sí mismo. Los perdedores, obvio, eran los consumidores quienes experimentaban una pérdida de su bienestar.
La incorporación de México al Acuerdo eliminó, además de los precios oficiales de importación, la mayor parte de los permisos previos los cuales fueron sustituidos por aranceles, mismos que por las propias reglas del GATT estaban topados. Este cambio no solo redujo el proteccionismo otorgado a las empresas sino, más importante aún, lo hizo más transparente. Los grandes beneficiados fueron los consumidores.
En otra dimensión esta práctica aún persiste, sobre todo al nivel de los gobiernos estatales y municipales. La facultad discrecional que tiene un burócrata para otorgar, negar, revocar o condicionar un permiso o una licencia, da lugar a ese proceso corrupto de transferencia de rentas; los perdedores, nuevamente, son los consumidores quienes enfrentan prácticas monopólicas, mayores precios y bienes y servicios de menor calidad. Y aquí es donde radica la importancia de la Cofece: impedir, perseguir y castigar este tipo de prácticas que dañan a los consumidores. Darle la regulación de prácticas monopólicas a la Secretaría de Economía, como propone el presidente López, sería un grave error; facilitaría la captura del regulador y la corrupción; los perdedores seríamos los consumidores.
En la misma línea, esto es precisamente lo que acaba de hacer el presidente con las reformas a la Ley de Hidrocarburos: si las empresas privadas quieren tener un permiso de comercialización y almacenamiento de combustibles, junto con la negativa ficta que le da el poder a un funcionario de negar el permiso sin mediar un argumento, obligará a las empresas a negociar con los funcionarios de la CRE y de la Secretaría de Energía, dando paso a la corrupción, rentas que terminaremos pagando los consumidores. Esto, junto con la intención de darle poder monopólico a Pemex, es suficiente razón para declarar la reforma como inconstitucional.
Lo mismo sucedería, si como quiere el presidente, desaparece el IFETEL, órgano encargado de regular el mercado de telecomunicaciones que tiene como principal encargo el beneficio de los usuarios, quienes no tienen que enfrentar prácticas monopólicas. Desaparecerlo y transferir las funciones reguladoras al gobierno federal daría paso a la captura del regulador (a cambio de una renta) para poder ejercer una práctica anticompetitiva.
Tanto la Cofece como el IFETEL, al promover prácticas competitivas en beneficio de los consumidores, le hacen un enorme servicio al pueblo y amerita reforzarlos. Desaparecerlos sería un grave error al favorecer la captura de los reguladores quienes (incluido el propio presidente) decidirían cuáles empresas ganan y cuáles no; los perjudicados seríamos, sin duda, los consumidores.