STPS aceptó petición de queja contra EU de jornaleras mexicanas
•Los recientes señalamientos del gobierno mexicano al estadounidense sobre violaciones de derechos laborales son, en parte, seguimiento a la querella detonada por dos mujeres
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aceptó la solicitud de queja laboral presentada mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por jornaleras mexicanas. Así que, los señalamientos del gobierno mexicano al estadounidense respecto a violaciones de derechos laborales a migrantes son, en parte, en seguimiento a esa querella detonada por dos mujeres, consideró el Centro de los Derechos del Migrante (CDM).
El 23 marzo, las trabajadoras migrantes Adareli Ponce Hernández y Maritza Pérez Ovando pidieron a la STPS presentar una queja contra el gobierno de Estados Unidos por “su incapacidad” para aplicar las leyes laborales” en el programa de empleo temporal H-2. Ese país “incumple los compromisos del Capítulo 23 del T-MEC”, pues permite la discriminación y la violencia sexual contra las trabajadoras migrantes, sostuvieron.
Una semana después de esa solicitud, el 31 de marzo, la STPS respondió que aceptó la petición, confirmó Rachel Micah-jones a El Economista. “Nos dio mucho gusto, principalmente porque tardaron poco tiempo para responder”, comentó la fundadora y directora ejecutiva del CDM.
El miércoles 12, el gobierno de México envió una carta diplomática al secretario del Trabajo estadounidense Martin J. Walsh. En ella le transmite sus “inquietudes con respecto a la falta de aplicación de leyes laborales” en la industria agrícola y la de procesamiento y empacado de proteína.
“Lo que pedimos está muy en línea” con las omisiones que el gobierno de México señaló en entrevista Rachel Micah-jones. “Consideramos que es parte del procedimiento que se da en atención a nuestra queja y lo vemos como un paso muy importante”.
El inicio del diálogo, una esperanza
“Los temas que México quiere tratar con Estados Unidos están relacionados con lo que pedimos, pero además los amplió”, observa Rachel Micah-jones. No sólo exige derechos para las mujeres, sino también para los hombres; y no sólo para las personas contratadas, sino también para las indocumentadas, explica.
En la petición de queja, las mexicanas y el CDM explican las tres maneras en las que ocurre la discriminación laboral: a la mayoría de las mujeres le niegan las visas H-2 para entrar al programa de trabajo temporal; quienes son admitidas son canalizadas al programa H-2B, en empleos no agrícolas, que ofrece puestos con menor salario y sin prestaciones de vivienda; y les son asignadas funciones peor remuneradas.
Además, documentaron que el acoso sexual es generalizado. Maritza Pérez pudo relatar que su empleador y el supervisor de la empresa “demandaron sexo a cambio de una mejor remuneración”. Ella los rechazó y por ello la castigaron, asignándole labores físicamente más demandantes.
El gobierno de México inició la etapa de consultas y llama a la cooperación, antes del llegar a la formación de un panel, dice la abogada y activista Rachel Micah-jones. En su lectura, México ha optado por intentar resolver estos casos mediante el diálogo, lo cual es una buena decisión, considera.
“Es esperanzador el hecho de que analizaron la petición tan rápido y que están investigando sobre los casos” mediante la red consular. “Siento esperanza de que por fin se atenderá la situación de las personas trabajadoras migrantes en Estados Unidos”, concluye.
Los temas que México quiere tratar con Estados Unidos están relacionados con lo que pedimos, pero además los amplió. No sólo exige derechos para las mujeres, sino también para los hombres; y no sólo para las personas contratadas, sino también para las indocumentadas”.
Rachel Micah-jones, FUNDADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA DEL CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE
El 23 de marzo, trabajadoras migrantes mexicanas solicitaron a la STPS iniciar el proceso de mediación laboral del T-MEC, pues acusaron que sufren de discriminación y violencia sexual. Además de que son canalizadas a empleos no agrícolas, con puestos con menor salario y sin prestaciones de vivienda.
Para lograr mayor participación de mujeres en la economía, es necesaria la inversión en un sistema universal de cuidados y desarrollo infantil, que no distinga entre trabajadoras formales e informales y les permita a las mujeres tener más flexibilidad para incorporarse al mercado laboral, sugirió el IMCO.