¿Y los derechos de las niñas?
En México la esclavitud y la trata de personas están prohibidas; la Constitución garantiza la igualdad de hombres y mujeres y la libertad de todos. Sin embargo, con frecuencia las leyes son letra muerta. Cuando de niñas y adolescentes indígenas se trata, ni la Constitución ni convenciones internacionales como CEDAW valen para proteger su vida, libertad o integridad ante padres o familiares que las ven como fuente de recursos, y autoridades que se desentienden o son cómplices so pretexto de respetar los "usos y costumbres.
La venta de niñas y adolescentes indígenas en Guerrero, documentada por Reforma y retomada por otros medios la semana pasada, es un crimen intolerable. La oleada de indignación que suscitó su denuncia no basta si no mueve a las autoridades de todos los niveles, a actuar, y no sólo en Guerrero. El intercambio de mujeres por dinero o bienes sucede también en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla, donde se ha tolerado el abuso de los "usos y costumbres" a costa de los derechos humanos de las niñas.
Si ya es grave que esta mercantilización haya roto la vida de cientos de miles de niñas, vendidas o casadas a la fuerza, según datos de ONGS y de la ENDIREH 2016, resulta intolerable la persistente omisión y negligencia del Estado ante un problema social que sus propios representantes, municipales y estatales debían conocer, impedir y denunciar desde hace años. "¿Por qué las autoridades permiten que siga la venta de niñas como si fueran animales?", pregunta Mariana, vendida en su niñez (Reforma, 14/05/21). ¿Por qué no han actuado aún? podríamos añadir.
La compraventa de niñas y adolescentes por sus parientes no es clandestina, como la trata. Ni gobiernos anteriores ni éste podían ni pueden argumentar que "no sabían" o no se imaginaban que esto "todavía" sucede. Basta con revisar la prensa o hacer memoria para recordar los casos que han denunciado medios locales y nacionales. Como el de la niña triqui de 13 años que logró escapar y pedir ayuda en Oaxaca, para evitar ser enviada a la Ciudad de México con su comprador, con quien su padre había saldado así una deuda de 40, 000 pesos. Con ayuda de otras jóvenes indígenas, obtuvo la protección de la Defensoría de Oaxaca y encontró refugio en el DIF. Cuando sus padres la reclamaron, una jueza pasó por alto la compraventa y dispuso que volviera con ellos. Sólo medidas precautorias evitaron que la enviaran a la capital como un paquete, contra su voluntad. La niña " se salvó" pero la jueza López Luna sigue en funciones.
Podemos recordarles casos documentados años atrás por CIMAC y otros medios, donde sólo parece variar el precio, entre 3,000 y 250,000 pesos, según la zona y la edad de la hija, o preguntar qué sucedió con la investigación acerca de la venta de niñas en Oaxaca que inició la CNDH en 2011 (Expansión, 19/08/2011).
Organizaciones y mujeres indígenas han declarado que "no son casos aislados" (2019), que las ventas se hacen en oficinas municipales, y que "el único futuro que tienen las mujeres triquis es la venta a desconocidos, aunque sea contra su voluntad" (2016). En 2012, Belinda Aceves, psicóloga en la Academia Jalisciense de Derechos Humanos señaló que este asunto es "muy delicado" y que ninguna autoridad (municipal) quiere intervenir "porque está la familia de por medio" (Proceso, 2012). ¿Persistirán las autoridades federales en flagrante omisión ante este abuso de los "derechos de los padres" y de "los usos y costumbres"?. ¿Qué medidas van a tomar Segob, Inmujeres, Conavim? ¿Seguirán sólo "lamentando" o negando la violencia misógina?
En el país de las fosas y del feminicidio, seguir tolerando la trata y la venta de niñas es un crimen imperdonable. Sus cómplices no están sólo en el Estado pero éste, por acción, negligencia y omisión de sus agentes, es el responsable principal. ¿Hasta cuándo?