Desavenencias en el Tribunal Electoral
El magistrado José Luis Vargas Valdés cumplió seis meses como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial federal. En el periodo ha enfrentado severos cuestionamientos externos, que van desde presuntas conductas dispendiosas hasta sospechas por su laxitud hacia Morena y la Cuarta Transformación.
La resolución del caso Salgado Macedonio, hace tres semanas, supuso una ruptura. Ahora, Vargas Valdés debe lidiar con una mayoría más notoria, que recuerda la oposición que en su momento enfrentaron sus antecesores, Flavio Galván Rivera en el 2006 y María del Carmen Alanís Figueroa, hace una década. La cancelación de las reuniones del pleno previas a la sesión pública, decretada hace una semana, es el punto de inflexión. Dichas reuniones eran convocadas por el presidente en turno del órgano jurisdiccional, a través del secretario general de acuerdos, en la mañana previa a la sesión pública y en ellas se discutían, entre otras cosas, los proyectos de sentencias.
No se sabe si la última sesión previa ocurrió el 12 de mayo pero, entonces ocurrió una de las sesiones públicas con más asuntos votados por mayoría desde que inició la presidencia de Vargas Valdés.
Esa tarde hubo siete solicitudes de engrose de sentencia —mecanismo que se aplica cuando se rechaza el proyecto original de sentencia y se solicita al ponente hacer correcciones— que modificaron propuestas del magistrado presidente (2) y de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Todos los engroses fueron votados a favor, por el resto de los cinco magistrados, mismos que no recibieron solicitudes de engrose respecto a los proyectos que sometieron a la consideración del pleno.
La Sala Superior del tribunal enfrenta una época aciaga. La denuncia contra el exmagistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera por haber autorizado la reparación de sus autos antiguos en los talleres del tribunal ahondó las diferencias internas. “Todos se cuidan de filtraciones y sospechan incluso de espionaje”, refiere un exfuncionario de ese órgano jurisdiccional.
¿Fuego amigo? En cualquier caso, Vargas Valdés y Soto Fregoso han quedado en minoría. El resto acusó un acto de agresión que el magistrado presidente recurriera a Twitter para informar sobre esa decisión que tenía su respaldo, en lugar de un comunicado de prensa firmado por el órgano colegiado.
“Usó su cuenta personal al término de la sesión pública para buscar el beneplácito de las redes sociales”, reclamaron, “a pesar de que en la sesión pública, por lo menos en dos ocasiones, manifestó abiertamente su inconformidad por ya no tener las sesiones previas”.
Si hubiera optado por un comunicado de prensa, el núcleo duro habría validado los términos de su notificación. Ese núcleo duro tendría a Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón como protagonistas. Con una posición moderada quedarían Janina Otálora e Indalfer Infante Gonzáles.
Efectos secundarios
IRREPARABLES. Loreto Quintero, exoficial mayor del gobierno de Baja California, y José Luis Ovando fueron vinculados a proceso por la fiscalía estatal luego de una denuncia presentada por el secretario general de la actual administración estatal, Amador Rodríguez Lozano. La acusación también involucraba a la expresidenta del DIF estatal Brenda Ruacho, quien accedió a devolver 6.8 millones de pesos, pero aún subsisten en su contra cargos por abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, administración fraudulenta, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, infidelidad en la custodia de documentos, promoción de conductas ilícitas y cohecho.
DEFINICIONES. La noche del 6 de junio, para más precisión a las 22:30 horas, los consejeros electorales tendrán la información del conteo rápido sobre la elección federal que —de acuerdo a la propuesta del comité técnico— provendrá de una muestra efectiva de entre 4,000 y 5,500 casillas en los 300 distritos electorales. Con esa estimación, el presidente consejero, Lorenzo Córdova Vianello, deberá anunciar la conformación de la Cámara de Diputados. La muestra de 6,240 casillas será determinada, ante un fedatario público, el 4 de junio.