América Latina y el derecho a la salud

Hace tiempo que participo en un grupo de la CEPAL en el que políticos discuten sobre los estados de bienestar en América Latina, de manera virtual. En esta ocasión se pudo hacer un encuentro presencial, en Dominicana. Uno de los convocantes es Carlos Ominami, el ex senador chileno y ex ministro de la concertación. Carlos fue el encargado de plantear la pregunta en torno a la agenda y mecanismos de coordinación que requiere América Latina para enfrentar las crisis del presente. Se parte del hecho de que los esquemas actuales de cooperación no funcionan ante las nuevas circunstancias. También, de que no es posible que los países de la región puedan ser completamente independientes de la influencia de China y de los Estados Unidos. Sin embargo, sí es posible establecer acuerdos y metas comunes.

Existen un conjunto de temas en los que los países de la región puedan contar con los instrumentos necesarios para influir en la agenda global. Uno de ellos es el de reformar la arquitectura de los sistemas financieros internacionales, para que sean capaces de ofrecer condiciones para la estabilidad económica de los países, pero también para promover su crecimiento y reducir la desigualdad. En general, sirven para lo primero. Por ejemplo, los acuerdos recientes en materia tributaria, para evitar que las grandes empresas recurrieran a paraísos fiscales, fueron positivos, pero sirvieron más a la naciones en las que se encuentran los corporativos, que en donde se realiza el consumo, como América Latina. Es posible también impulsar a nivel global agendas progresistas que han avanzado en nuestros países, como la de igualdad de género, la de los derechos de la diversidad sexual y la de la conservación de la cultura y patrimonio de nuestros pueblos originarios.

El tema más evidente para la coordinación es el de la salud. La actual pandemia muestra que los países desarrollados no van a compartir su capacidades tecnológicas en una situación de emergencia, salvo en esquemas de alta integración, como la Unión Europea. Esto es, se requiere de esquemas de apoyo regionales, por me dio de los cuales los países como los nuestros construyan y compartan capacidades para afrontar retos a la salud pública, como las nuevas pandemias o los que se deriven, por ejemplo, de los fenómenos de cambio climático, o las que existen ahora por el tema de obesidad. Esto no se debe limitar el derecho a la salud, sino encaminar las finalidades de la innovación tecnológica, para buscar incrementar la competitividad de nuestras naciones y soluciones a retos comunes para generar desarrollo.

Es claro que las naciones más desarrolladas no están facilitando la transferencia de tecnología a nuestros países, al menos no de una forma que privilegie la solución de problemas públicos sobre los exclusivamente empresariales. La integración en América Latina puede y debe servir para construir caminos para la innovación en tecnología, no es utópico, en nuestras naciones ya existen instituciones y empresas con esa capacidad, que juntas pueden potenciarse. Juntos podemos avanzar para modernizar nuestra matriz productiva y generar inversión de mayor contenido tecnológico, empleos de calidad, dar un mejor cause a los fenómenos de informalidad e incrementar nuestra soberanía alimentaria, con un enfoque de cuidado al ambiente.

En el foro se comentó que los esquemas actuales de concertación y diálogo están agotados, que se requiere que otros faciliten soluciones a los nuevos retos de gobernabilidad y crisis en la zona, que no son pocos. Es claro el desinterés de la potencias por el área, incluso en casos críticos, como el de Haití, lo que hace urgente construir mecanismos efectivos de ayuda regionales. Por cierto, es esta estrategia, la de construir nuevas instituciones de cooperaciones en la región, justo la que el gobierno mexicano impulsa en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). México tiene claro su papel como líder de la región y tiene plan para llevarlo a cabo mediante la implementación de mecanismos para garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.