Edomex, el único sin ley de salud
En acceso a servicios de salud, el estado de México es de las entidades que califican más bajo junto con Oaxaca, Chiapas y Michoacán, de acuerdo con lo que reporta INEGI. En mortalidad infantil se ubica entre los cinco estados con las mayores tasas de defunción de menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos, y en mortalidad materna, aunque ha mejorado, se mantiene por encima de la media con una tasa de 59.5 defunciones de mamás por cada 100,000 nacidos vivos.
Son indicadores clave que reflejan una desatención y falta de estrategia eficaz para mejorar la salud de los mexiquenses. La entidad viene arrastrando una crisis en su sistema de salud y de seguridad social que en 2018 detonó en la quiebra financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMYM). Es claro que la salud no ha sido una prioridad para quienes en las últimas décadas han gobernado esta entidad de 17.5 millones de habitantes, la más poblada del país.
Y como indicio evidente, es la única entidad de la República que no cuenta con una ley de salud. Entonces la salud se controla al antojo del gobernador en turno, y convenientemente el nuevo que llega ha continuado con el esquema.
Había una ley que estuvo vigente desde 1986 hasta el 2001 cuando el exgobernador Arturo Montiel la abrogó y bajo un decreto concentró todo en un código administrativo con el argumento de facilitar la administración pública, el diseño y ejecución de políticas públicas y dijo entonces que se garantizaría un mejor manejo presupuestario.
Lo que no dijo fue para quién sería ese mejor manejo presupuestario porque para los mexiquenses claramente no. Han pasado tres gobernadores –Enrique Peña
Nieto, Eruviel Ávila y ahora Alfredo del Mazo– y ninguno quiso arreglar ese entuerto. El estado de México ha sido de los que han hecho un manejo poco transparente de los recursos federales para salud. Incluso en el sexenio pasado fue de los estados que más deuda arrastraron con los proveedores de medicamentos y demás insumos de salud (con todo y que recibía recursos del Seguro Popular), al grado de que el IMSS buscó bajarlo de la compra consolidada en aquella época a petición de los propios proveedores. Aparte, tienen una secretaría de Salud y un Instituto de Salud que deberían operar en forma independiente pero realmente el segundo depende del primero con todo y el conflicto de interés que ello implica.
Desde la Legislatura estatal anterior, ya dominada por Morena, se generó un proyecto para una ley de salud que entonces se dijo sería de vanguardia pues tenía el respaldo y cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México; se conformaron mesas de trabajo y todo iba caminando, pero les ganaron los tiempos del proceso electoral intermedio y no alcanzaron a sacarla.
El que entonces fue el coordinador del proyecto, Eduardo Salazar, asesor de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de esa Legislatura, ha continuado junto con organizaciones de la sociedad civil empujando la iniciativa, pero se topan con pared tanto en el Gobierno de Del Mazo, que ya va de salida, como con los legisladores locales. A los políticos no les interesa poner orden en la estructura del sistema de salud mexiquense, y el propio desorden de su fragmentado sistema genera una parálisis de la cual no logran salir. En la actual 61 Legislatura del estado se han presentado 68 iniciativas en torno a salud, y ni una sola ha sido dictaminada. Algo sucede que los asuntos de salud se prefieren dejar de lado pues tal parece todo es más importante que mejorar la cobertura de salud de la población de los 125 municipios de Edomex.
El exgobernador Arturo Montiel abrogó la ley de Salud y bajo un decreto concentró todo en un código administrativo.