La importancia del respeto institucional y del Estado de derecho en el crecimiento y el desarrollo
“La forma más clara de mostrar lo que significa el Estado de derecho… en la vida cotidiana es recordar lo que ha sucedido cuando no existe el Estado de Derecho”.
Dwight D. Eisenhower
El resurgimiento de movimientos populistas, muchos de cuales se han convertido después en gobiernos, han estado aparejados con una crítica por parte de estos a las instituciones y leyes vigentes; paradójicamente incluso a aquellas que posibilitaron, primero, su propia formalización como grupos o partidos políticos y el acceso a los beneficios de serlo y, posteriormente a través de los mecanismos democráticos, al poder a través del gobierno.
Si bien es frecuente que los gobiernos de diferente corte ideológico o visión política una vez en el poder tratan de impulsar cambios legales que ajusten aspectos que consideran relevantes de acuerdo con su propia visión, ello casi siempre implica: el respeto a las instituciones fundamentales más elevadas, el respeto a las formas legales, particularmente a las constitucionales; la búsqueda de cierto nivel de consenso sobre los cambios entre fuerzas políticas a veces incluso antagónicas, el mantenimiento de los mecanismos legales de revisión, validación legal y eventualmente posible reversión de los cambios por parte de otras fuerzas políticas en el futuro.
Con los movimientos populistas actuales, estas constantes mayoritariamente no se aplican. Pareciera como si lo nuevos gobiernos buscaran ajustar todo el marco legal a su visión, hacerlo mediante mecanismo incluso contrarios a los marcos de legalidad fundamentales e incluso, evitar la posibilidad de cambios o reversiones futuras. Se trata de “quemar los puentes” una vez que ellos los han cruzado.
Frecuentemente, lo anterior se refuta con la idea de que las leyes preexistentes son “malas” para quienes estos movimientos dicen representar y que (desde una visión absolutista), siendo SU visión la correcta, deben prevenir cualquier cambio futuro que regrese al estado de cosas previo. Estas situaciones casi siempre implican una reducción real al nivel del estado de derecho de las sociedades y países y eventualmente terminan por reducir el marco de libertades, afectando además el crecimiento económico de los países.
El crecimiento depende de múltiples factores, pero en un sentido fundamental, se considera que la existencia y validez y el respecto al estado de derecho (incluyendo la protección de los derechos de propiedad y de los temas contractuales) por parte de los gobiernos, posibilitan el adecuado funcionamiento de los mercados y de las transacciones económicas. Ello implica que el marco legal sea claro, legalmente “justos”, obligatorios y aplicables a todos; así como que en caso de duda sobre sus “justicia” o utilidad, existan mecanismos claros para modificarlos.
La inexistencia de este marco impide las transacciones económicas, incrementa el nivel de incertidumbre y afecta consecuentemente el crecimiento económico.
En su Declaración sobre el Estado de Derecho, los países miembros de las Naciones Unidas, destacaron que “el Estado de Derecho y el desarrollo están fuertemente interrelacionados y se refuerzan mutuamente, que el avance del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre y la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales…”.
Si las leyes se consideran injusta o imperfectas, existen mecanismos para cambiarlas (en relativo consenso). Si las instituciones requieren cambios (y todas son perfectibles), existen mecanismos para hacerlo. Pero las experiencias en que una sola visión política ajusta las instituciones, las moldea de acuerdo con su única visión e impide mecanismos para revertirlas, terminan invariablemente en la destrucción de la estabilidad, la libertad y limitan la posibilidad de crecimiento económico.