Tomar por asalto los órganos autónomos
López Obrador se queja de todo lo que le impida cumplir algún capricho, particularmente si se trata de un obstáculo al poder absoluto que cree merecer. Con este objetivo, ha maniobrado desde el inicio para desaparecer o colonizar cualquier órgano autónomo que pudiera trabajar sin cumplir su voluntad. Sus huestes manipularon la votación en el Senado para que Rosario Piedra, una incondicional, pudiera ser nombrada como Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin mayor experiencia salvo la de ser hermana de uno de los asesinos de Eugenio Garza Sada. Del mismo modo, impuso a los comisionados de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía. Tras penosas audiencias en el Senado, sus propuestas fueron rechazadas una y otra vez ante la evidente ignorancia de los candidatos. Al presidente no le importó y los nombró porque le dio la gana. Al Inegi mandó a una integrante de su gabinete, quien lo preside, y al Banco de México a una de sus subsecretarias, que también lo preside. Más adelante explicaré la trascendencia de esto.
En el caso de los órganos constitucionales autónomos cuyas reglas están establecidas en la propia Constitución, López Obrador ha tenido mayores problemas. Ya sabemos lo que quiere hacer para controlar el INE, pero poco se ha hablado de sus maniobras para colonizar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). De acuerdo con la Constitución, para ser comisionado de cualquiera de los dos organismos debe aprobarse un complejo examen y cumplir requisitos de independencia y experiencia en los sectores a regular. La independencia tiene que ser tanto política como frente a los agentes regulados. Cualquier afirmación en el sentido de que la autonomía de dichos organismos responde al interés de las empresas es una mentira mal intencionada.
Al día de hoy se encuentran vacantes las posiciones de tres comisionados en Cofece y tres en el IFT. El Comité de Evaluación -integrado por el Inegi y el Banco de México- ha llevado a cabo puntual y correctamente los procesos de selección de candidatos (incluyendo el examen de conocimientos) y envió propuestas de treinta personas que obtuvieron las calificaciones más altas. El presidente se ha negado, de manera abierta e inconstitucional, a enviar los candidatos de su elección para que sean aprobados por el Senado. La razón es obvia, ninguno de los treinta perfiles es un lame suelas incondicional.
Ante esta situación, tanto Cofece como el IFT demandaron en controversia constitucional al presidente López Obrador para que acate la Constitución y envíe inmediatamente las propuestas de candidatos a comisionados. La Suprema Corte tiene ya un proyecto que habrá de ser votado en los próximos días. Éste fue elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y está, cuando menos, extraño. De manera acertada se declara que es inconstitucional la omisión por parte del presidente de enviar las propuestas de candidatos. Por otro lado, y aquí está lo raro (o quizá muy fácil de explicar), también declara inconstitucional y ordena reponer todos los procedimientos mediante los cuales el Comité de Evaluación hizo sus treinta propuestas al presidente. Digo que es raro porque ni Cofece ni el IFT demandaron la actuación del Comité de Evaluación, y porque el proyecto simplemente desaparece los nombres de los treinta mejor calificados para ocupar esos cargos.
No nací ayer ni entre gitanos nos leemos las cartas. La ministra Ríos Farjat (propuesta al cargo por López Obrador) le entrega a López Obrador, en bandeja de plata, el control de Cofece e IFT. Al tener que reponer el procedimiento, tanto el Banco de México como el Inegi -ahora encabezados por incondicionales de López Obrador- podrán filtrar el examen a los angelitos que López quiera (porque de otra manera reprueban). Y ya para hacer el favor completo, enviarán como propuesta los nombres que la presidencia les diga y que serán aprobados en el Senado o impuestos por el presidente como lo ha hecho anteriormente.
Ahora resulta que el demandado por violar la Constitución es el ganón del juicio. Y luego dicen que la Suprema Cortesana es independiente.