Se buscan responsables
Alfonso Durazo alistaba su salida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hace dos años. De su equipo, sólo quedarían
Ricardo Mejía Berdeja y Manuel Espino en esa estructura. La llegada de cuadros morenistas enclocados en el gobierno de la Ciudad de México fue paulatina, pero imparable.
Rosa Icela Rodríguez trajo a sus más cercanos a la SSPC, pero también ha contado con la colaboración de un equipo formado por Ernestina Godoy. Uno de los más destacados es Facundo Santillán, quien dejó la coordinación de investigación estratégica de la FGJ para convertirse en el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia federal.
Del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pronto saldría el exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, para tomar las riendas de Segalmex, la agencia gubernamental que dirigió Ignacio Ovalle y que estaba al borde del colapso, por la rampante corrupción de los mandos medios.
A finales del año pasado, en la SSPC estaban ciertos que la excandidata morenista a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, llegaría a esa dependencia. Entonces, el consenso apuntaba a su unción, como subsecretaria. Las instrucciones superiores, empero, fueron que ocupara la vacante que dejó Cota Montaño.
Flores Carrales, exalcaldesa de General Escobedo, invitó a exservidores públicos regiomontanos a su equipo. Así fue como Pablo César González García como secretario adjunto del SNSP; ambos están a cargo de activar el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y reportan directamente a la secretaria Rodríguez.
Antes, Cota Montaño y las titulares de Inmujeres, Nadine Gasman, y de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, habían suscrito un exhorto dirigido a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para reforzar la atención a las víctimas.
Para las instituciones resulta indispensable participar y adoptar acuerdos en materia erradicación de las violencias de género contra las mujeres, por lo que se reitera la disposición en cualquier momento de brindar apoyo y asesoría necesaria para identificar, fortalecer e impulsar proyectos de inversión y acciones sustantivas que las autoridades estatales promuevan para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres habían suscrito un exhorto, dirigido a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, para reforzar la atención a las víctimas.
La violencia contra las mujeres —sobre todo el feminicidio— y la atención a los familiares de los desaparecidos son dos de los asuntos más álgidos para el gobierno federal. El pasado 15 de junio, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los parlamentarios aprobaron un exhorto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y al titular de la Fiscalía General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, continúen fortaleciendo las acciones relativas a la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.
La respuesta llegó casi cuatro meses después, con la rúbrica de Clara Luz Flores, en el oficio CPR2R1A-591, remitido al secretario de Gobernación: “corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional. Esto incluye, además de la búsqueda en vida, la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos desde la perspectiva, individualizada o generalizada, a través de un enfoque masivo o de gran escala, o en su caso, de identificación humana complementario y de la operación de un Centro Nacional con competencia en todo territorio nacional, el cual debe interconectarse y compartir información con el resto de las herramientas precisadas en el artículo 48 de la Ley General”.
La exalcaldesa recordó que cada entidad federativa debe crear una comisión local de búsqueda, la cual debe coordinarse con la CNBP y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en la Ley.
Y que el secretario ejecutivo del SNSP sólo participa como integrante del sistema nacional de búsqueda de personas y coadyuva en las acciones que realiza la Comisión, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
“El Programa Nacional de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de elaboración. Una vez que la CNB lo difunda y publique, tendrá que coordinarse con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para recopilar los programas de prevención que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán preparar, conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley General”.