Descartan, por el momento, pacto de Murillo con FGR
Con un estado de salud deteriorado y con soporte de oxígeno, el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, buscará nuevamente, a través de una impugnación, que la Fiscalía General de la República (FGR) le permita acceder a la prisión domiciliaria.
Sin embargo, el abogado de Murillo, Javier López García, descartó por el momento buscar un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Estamos enfocados en hacer la defensa, en llevar a cabo el contradictorio tal como lo marca las obligaciones de la defensa”, dijo a El Economista.
También descartó que su cliente solicite la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, como en su momento lo hizo la exsecretaria de Estado, Rosario Robles.
“Nosotros tenemos los medios para poder, a través de los conductos legales e institucionales obtener la resolución que estamos buscando”, dijo.
Audiencia
El viernes pasado, en una audiencia, el juez de Control con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, negó a Murillo el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a prisión domiciliaria, al advertir nuevamente riesgo de fuga elevado.
El abogado Javier López García cuestionó que una persona con tantas enfermedades pueda sustraerse de la acción de la justicia.
“Actualmente tiene detectadas diversas enfermedades, o padecimientos, entre ellos Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial; insuficiencia cerebral vascular, inclusive en alguno de los hospitales en los que ha sido referido también le detectaron diabetes tipo 2”, expuso.
El abogado Javier López García explicó que están en trámite diversos recursos promovidos en busca de la libertad de Murillo, entre ellos un amparo contra la vinculación a proceso, y el más reciente contra el cambio de la medida cautelar.
La Fiscalía General de la República le imputa, al exprocurador y exgobernador de Hidalgo, los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.