Desestima CNDH crisis de inseguridad y violaciones de derechos por militares
La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, desestimó que haya una crisis de inseguridad y de violación de derechos fundamentales por parte de las Fuerzas Armadas en México.
“Durante tres años han repetido que la inseguridad se está agravando, que no funciona la estrategia de pacificación”, que se basa “en anteponer el respeto a los derechos humanos”, y que “vivimos una crisis desbordada en los derechos humanos; que las Fuerzas Armadas son las principales violadoras y que la Guardia Nacional no sirve para nada.
“Las cifras los desmienten y, como los desmienten, entonces dicen que no existe la CNDH y que no hace absolutamente nada”, dijo en su comparecencia ayer ante el pleno del Senado.
El perredista Juan Manuel Fócil reprochó a la titular de la CNDH que “la Corte Interamericana” se pronuncie contra el uso de militares en tareas de seguridad pública, el uso generalizado y abusos de la prisión preventiva oficiosa, “y su Comisión de Derechos Humanos, callada”.
Para el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, en el desempeño del cargo Piedra Ibarra “ha dejado claro que la prioridad es su proyecto político, no la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tal parece que su prioridad es la defensa del régimen”.
Deudores alimentarios
La panista Kenia López enumeró desde la tribuna de la Cámara de Senadores a la “señora Piedra”, el decálogo “de cosas” por las que a su juicio la presidenta de la CNDH “ha destruido” el organismo autónomo, entre las que mencionó que “en lugar de defender a las mujeres y a los niños de México, usted tomó partido por los deudores alimentarios”.
Y sin más exigió la renuncia de la ombudsperson “ante su negligencia en el encargo y por el bien de México”.
Con respecto al caso de la acción de inconstitucionalidad 98/2022 que la CNDH promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio pasado en contra de algunos artículos de leyes locales de Yucatán, que prohíben a las personas deudoras alimentarias ocupar cargos públicos, y que fue el tema que motivó que los senadores la citaron a comparecer ante el pleno cameral, aseguró:
“No fue un aval para los deudores alimentarios y menos una acción en contra de las mujeres víctimas de violencia, como se ha dicho”.