“Copete de pensiones”, herencia riesgosa
La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), que tomará los recursos, no reclamados, de los adultos mayores de 70 años edad, para financiar el aumento al 100% del último salario a los trabajadores que ganen menos del sueldo promedio de cotización del IMSS (16 mil 777.78 pesos al mes), parece inexorable. Al no ser una reforma constitucional y requerir sólo de la mayoría simple, el partido Morena y sus aliados tienen la posibilidad de aprobar esta reforma que tiene un efecto político-electoral inmediato en favor del gobierno y representa una herencia riesgosa para los siguientes gobiernos porque implica un compromiso creciente de recursos económicos extraordinarios, sin una fuente clara de fondeo.
El incremento a las pensiones, es un riesgoso “copete” que heredará el gobierno lopezobradorista a quien lo suceda.
Este lunes se presentará un dictámen que comenzó a circular entre los legisladores el fin de semana pasada que, presuntamente prevé, que sólo se transfieran, de las Afores e instituciones de seguridad social, al nuevo FPB, los recursos de los trabajadores mayores de 70 años de edad, inactivos.
Los trabajadores activos, mayores de 70 años de edad, quedarían excluidos. El Presidente de la República tiene prisa de que se apruebe ésta iniciativa y comience a operar el próximo mes de mayo. Su propósito es que los nuevos jubilados ya puedan acceder a una pensión más cercana al sueldo que percibieron en su último año de trabajo.
De acuerdo con los cálculos oficiales, la bolsa de recursos que pasarían al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar ronda los 40 mil millones de pesos.
A esa cantidad, la iniciativa legislativa y el gobierno lopezobradorista, le agrega otra cantidad de 30 mil millones de pesos, por supuestos recursos que provendrían del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la extinción de los órganos reguladores, la reestructura del Poder Judicial y hasta las utilidades de Mexicana de Aviación y el Tren Maya.
Son recursos que literalmente, hoy no existen. Para los casos de la línea aérea gubernamental y el Tren Maya, se ve lejano que tengan utilidades. Actualmente reciben enormes subsidios de operación y cálculos extraoficiales anticipan que tendrían que pasar varias décadas, antes de que encuentren el punto de equilibrio en sus finanzas.
Para lograr el objetivo, de elevar la pensión de los jubilados, la iniciativa de reforma propone cambios a 5 leyes secundarias y en paralelo el gobierno mantiene la iniciativa para reformar el sistema de pensiones por la vía constitucional.
El gobierno mexicano ha utilizado un sofisma, al asegurar que la reforma para crear el Fondo de Pensiones y elevar al 100% el monto de las pensiones es para proteger las pensiones de los trabajadores.
Ha dicho que se busca proteger el ahorro de los trabajadores porque está procurando su imprescriptibilidad.
Las leyes tanto del IMSS como del Infonavit ya disponen la imprescriptibilidad. Sólo en el caso del ISSSTE permite que luego de 10 años puede utilizar los recursos no reclamados, para el gasto corriente de la institución.
Sería más fácil que se modificara la ley del ISSSTE para cambiar esa disposición y lograr la imprescriptibilidad.
En defensa de la iniciativa, el Presidente de la República, llegó a expresar que las Afores se oponen a esta reforma porque se quedan con los recursos no reclamados.
Lo cierto es que la ley obliga a las Afores a entregar los recursos no reclamados de los trabajadores, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y éste está obligado a constituir una reserva.
Al Jefe del Ejecutivo no le informaron adecuadamente sobre el tema. Otro punto es que al transferir los recursos no reclamados por los trabajadores al FPB cambiará el régimen de inversión al que están sujetos en las Afores y no hay claridad con qué tipo de reglas se van a invertir. Lo evidente, es que se trata de una rentable iniciativa de ley, en términos político-electorales cuyo propósito es, más que beneficiar a los trabajadores, lograr un fuerte impacto positivo en favor del gobierno y de la candidata oficial.
La reforma de pensiones que viene es un golpe a la propiedad privada (los ahorros de los trabajadores) y una decisión irresponsable en términos financieros porque no tiene garantizado el fondeo de un compromiso cuyos costos serán recurrentes. Al tiempo.