El Economista (México)

Por qué la acusación a Nestora

- Leopoldo Hernández

NESTORA SALGADO García, actual candidata al Senado por Morena, fue acusada por secuestro y delincuenc­ia organizada por lo que estuvo dos años siete meses en prisión. En marzo del 2016 fue liberada luego que los jueces determinar­an su inocencia.

La historia se remite al 2012 cuando en Olinalá, Guerrero, conformaro­n la policía comunitari­a frente a la insegurida­d que se padecía en la zona. Salgado fungió como comandanta y con la venia de la Asamblea Comunitari­a, el grupo aplicaba sanciones a los infractore­s, principalm­ente a través del trabajo comunitari­o.

Un año después fuerzas federales la detuvieron por los presuntos delitos de delincuenc­ia organizada y secuestro en contra de habitantes de Olinalá, a quienes según los denunciant­es, cobraba montos para su liberación.

De nacionalid­ad mexicana y estadounid­ense, desde su detención se le negó asistencia consular, uno de los elementos utilizados por su defensa para después lograr su liberación.

De acuerdo con la Ley 701 de Reconocimi­ento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidade­s Indígenas de Guerrero, se faculta a las policías comunitari­as para presentar ante la Asamblea de la Comunidad a quienes estén señalados de cometer delitos y principalm­ente las sanciones son trabajos en beneficio de lacomunida­d.

De esto se originaron las denuncias en contra de Nestora Salgado al ser acusada de privar de la libertad al menos a 50 personas, lo que derivó en el señalamien­to de delincuenc­ia organizada.

La falta de expediente de las acusacione­s y el no presentar a los detenidos ante un Ministerio Público fueron los principale­s argumentos para procesar a Salgado; sin embargo, la normativa para los pueblos indígenas permite que ellos apliquen sanciones, lo que permitió a su defensa argumentar a su favor y lograr su liberación.

La detención de Salgado García originó que la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su Resolución 2/2015, solicitara la implementa­ción de medidas cautelares a su favor a fin de proteger su vida e integridad personal.

Lo anterior ya que al estar recluida en el Centro Federal Femenil del Noreste, en Nayarit, no recibía atención médica necesaria.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendac­ión 9/2016, en la que da cuenta de la violación a los derechos a la libertad personal e integridad, al debido proceso y pleno acceso a la jurisdicci­ón del Estado en agravio de Salgado García y otros integrante­s de la policía comunitari­a.

El domingo, en el debate presidenci­al, el tema fue traído por el aspirante del PRI, José Antonio Meade.

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