No deben ser rescatados gobiernos sobreendeudados

Un fenómeno común en los medios es repetir como si fueran nuevas noticias, información recurrente, pensando que lo escrito con anterioridad ya se olvidó. Es frecuente esta recurrencia informativa en las notas sobre la recaudación del predial por los municipios de sólo el 0.2 por ciento del PIB, las observaciones anuales de los informes de resultados de la ASF y respecto al endeudamiento público de los estados, generalizando el problema de menos de una tercera parte de los mismos, que deben tres cuartas partes del total, como si fuera un problema nacional. Cierto hay estados con riesgos, cuyo servicio empieza a ser significativo al rebasar con mucho el promedio de la relación deuda vs PIBE y el porcentaje del servicio de la misma.

Ayuda mucho precisar que el problema no es general, hay estados con margen aún para utilizar de manera positiva deuda, que no lo han hecho por su baja capacidad contributiva, porque han tenido mejor manejo de su gasto, además de que sus gobernadores han sido prudentes.

Pero ojo, no olvidemos considerar la deuda con los proveedores y contratistas, que es la más urgente y la más presente, puesto que afecta a los empresarios locales. Por ejemplo a los empresarios afectados por la CNTE en Oaxaca y Chiapas, la primera forma de ayudarlos es pagándoles lo que les deben los gobiernos.

En estas páginas he comentado, no es novedad, que unas cuantas entidades concentran la mayor parte de la deuda de los gobiernos subnacionales, cinco significan la mitad y 10 el 75 por ciento, sin problemas en su servicio el DF y Estado de México, especialmente cuando vemos su relación contra el PIBE y en relación a sus ingresos totales en el caso de la capital. En 25 municipios se concentra la mitad de la deuda de ese orden de gobierno, y los municipios de la mitad de los estados, representan el 90 por ciento.

Sucede lo mismo en las participaciones, cinco estados concentran más del 40 por ciento: Edomex, DF, Nuevo León; Jalisco y Veracruz. Con el PIBE sucede lo mismo.

Los casos de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Nuevo León, Chiapas o Coahuila son de alto riesgo, hoy por ejemplo, la primera está contratando meses antes de terminar, por seis mil millones de pesos, un nuevo crédito solicitado por el gobierno saliente. Además el año próximo se hablará mucho del desastre nayarita de los dos últimos sexenios y lo sucedido en Coahuila, como que ya pasó, pero se nos recuerda por ejemplo, con la noticia de la venta de propiedades inmobiliarias del exdirector del “satito” coahuilense, por un valor de 37 millones de dólares y su antecesor en finanzas, anda prófugo. Antes de dejar el poder, Enrique Martínez y Martínez, antecesor de Moreira, se manifestaba preocupado por -ser el gobernador que endeudó a Coahuila-, al dejar un poco más de 200 millones de pesos. Seguro no tenía bola de cristal cuando entregó el poder, para ver el futuro y lo que explotaría en 2011, a partir de la publicación de cifras de la deuda de corto plazo, que hizo la Comisión Nacional Bancaria. Su hermano reestructuró deuda de corto plazo a largo, lo cual fue irregular, violando el principio constitucional de que la deuda sólo es para “inversión productiva”. Al reestructurar se omitió analizar en qué se gastó la deuda de corto plazo, no registrada.

En el caso de Nayarit, poco se ha dicho, pero la misma ha ido creciendo.

A estos estados, a ninguno, no se les debe rescatar por el gobierno federal, sería un mal precedente. Es una mala práctica, menos cuando es producto de decisiones irresponsables e incluso están rodeadas de corrupción y opacidad. ¿Por qué utilizar recursos públicos, para cubrir decisiones irresponsables de algunos?, ello sería moralmente incorrecto y en eso coincido con la posición que siempre ha manifestado el gobierno federal.

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