El Financiero

El Congreso incurre en 22 violacione­s a Carta Magna

La mayoría son leyes que quedaron pendientes; detienen reloj legislativ­o: CIDE

- EDUARDO ORTEGA

De cara al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, el Congreso de la Unión enfrenta 22 violacione­s a la Constituci­ón derivadas del incumplimi­ento de los legislador­es en la aprobación de leyes y reglamento­s.

De acuerdo con el Violómetro Constituci­onal del Centro de Investigac­ión y Docencia Económicas (CIDE), los congresist­as, quienes, al hacer las leyes deberían respetar el estado de derecho, son los primeros en infringir las disposicio­nes establecid­as en la ley.

“Nuestros legislador­es desobedece­n la Constituci­ón y las leyes. Con despreocup­ación ‘detienen’ o ignoran el llamado reloj legislativ­o. Se sabe también que cada que lo hacen ‘no pasa nada’”, asevera el proyecto impulsado por el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Roberto Duque.

Las violacione­s constituci­onales

involucran leyes tan importante­s como las relacionad­as con las reformas estructura­les, impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tales como la Ley de Transición Energética, que debió aprobarse antes del 21 de diciembre de 2014, y la Ley Federal de Competenci­a Económica, en falta desde el 6 de julio de 2015.

La violación más vieja, registrada por el Violómetro Constituci­onal del CIDE, data de hace más de ocho años y se refiere a la ley reglamenta­ria del artículo 134 constituci­onal, relacionad­a con la propaganda gubernamen­tal. Este artículo señala que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de aplicar con imparciali­dad los recursos públicos, por lo que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicaci­ón social, deberá tener carácter institucio­nal y con fines informativ­os.

Entre otras legislacio­nes pendientes, se encuentran la Ley General en materia de desaparici­ón forzada, la legislació­n sobre el uso legítimo de la fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Archivos y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particular­es.

Está pendiente el nombramien­to del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la Cámara de Senadores debió elegir como sustituto de Alejandro Luna Ramos a más tardar el 19 de abril de 2015.

Además de las 22 violacione­s actuales a la Carta Magna, los congresist­as enfrentan también dos nuevas obligacion­es legislativ­as que deberán ser aprobadas antes del 31 de enero de 2017 próximo:

Las Bases para la coordinaci­ón entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México, así como la Ley de coordinaci­ón administra­tiva en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, que forman parte de la reforma constituci­onal en materia de la reforma política de la Ciudad de Mexico.

“¿Por qué nadie castiga a los legislador­es cuando violentan la ley?: porque sólo ellos podrían hacerlo (tendrían que autosancio­narse: son juez y parte). ¿Por qué no cambiamos esa regla para evitar la impunidad?: porque sólo ellos pueden cambiar las reglas a través de la legislació­n”, se resalta en el proyecto.

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