Zonas Económicas Especiales: ¿avanzan?
A principios de 2015 el Gobierno Federal anunció el establecimiento de las zonas económicas especiales (ZEE) como un instrumento para impulsar el desarrollo socioeconómico de las regiones del país que registran los mayores niveles de rezago relativo en materia de pobreza, generación de ingresos, inversiones, infraestructura, etc. Para ello, en septiembre de ese año se promulgó la nueva ley de ZEE, en junio de 2016 su reglamento y se creó la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE adscrita a la SHCP. De acuerdo con la Ley, las ZEE se definen como el “área geográfica…, en la cual se podrán realizar actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento; la prestación de servicios de soporte a dichas actividades…., así como la introducción de mercancías para tales efectos.” y las empresas ahí instaladas podrán recibir beneficios fiscales, aduaneros y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales.
A dos años de su creación, y en el marco de una estrategia compleja de instrumentación —que involucra elaborar estudios económicos, jurídicos, sociales y ambientales; adquirir (y ¿expropiar?) tierras; consultas a poblaciones; decretos federales y estatales; recursos presupuestales; diseño de infraestructura; y coordinación de autoridades, entre otros aspectos—hay diversos avances, pero también falta de información, indefiniciones y problemas. Destaca la determinación de las primeras cuatro ZEE: Puerto Chiapas, Chis; Salina Cruz, Oax; Coatzacoalcos, Ver; y Lázaro Cárdenas, Mich, a la que ya se le agregaron algunos municipios de Guerrero. Sin que éstas empiecen operar, ya no digamos que se consoliden, se han agregado Progreso en Yucatán; Tabasco y Campeche (sin definirse específicamente dónde); y Puebla e Hidalgo (mismo caso). En este tema surge la pregunta de por qué no también Tlaxcala y/o Morelos o, de una vez, todo el sureste y el altiplano!. Ello puede dar origen a falsas expectativas.
En febrero pasado, se dieron a conocer los incentivos fiscales que aplicarán en las ZEE, sin duda atractivos para la inversión y elemento imprescindible para su viabilidad, como los descuentos en el ISR de 100% en los primeros 10 años y 25% en el siguiente quinquenio; créditos fiscales para las contribuciones patronales en salud; tratamiento especial del IVA, similar al de las operaciones de comercio exterior; programas especiales de financiamiento; y posibles exenciones de impuestos locales (predial, nómina). A esa fecha, la autoridad federal planteó que había 118 proyectos, de los que 24 estaban en una “etapa avanzada de negociación e implicaban una inversión de más de 7 mil millones de dólares”. Ojalá y no sean cuentas alegres como las del Programa Nacional de Infraestructura.
Algunos problemas no menores. Primero, la “definición desde el escritorio” (con todo y estudios) de la vocación de las ZEE. Si bien algunas son obvias, como la agroindustria en Chiapas y las maquiladoras en el corredor transístmico, otras no tanto como predefinir la ZEE Campeche-tabasco para la industria petrolera o la de Puebla-hidalgo como textilera. Se debería dejar que “el mercado” operara para el establecimiento de inversiones en todas las zonas. Otro tema complejo será (¿es?) la especulación de los terrenos en la medida que avance la definición de los polígonos de las ZEE. Aquí el dilema para la autoridad es: primero compro y luego anuncio, con costos de transparencia, o primero anuncio y luego compro, con costos en especulación. Esto puede llevar a la tentación de incorporar en la ZEE terrenos federales destinados a expansiones portuarias, que sería repetir errores del pasado, o aún a reservas naturales, lo que sería gravísimo.
En resumen, en el desarrollo de las ZEE parece que hay avances, pero pocos elementos para evaluarlos. La autoridad tiene un reto del complejo balance entre transparencia y mal uso de la información.