El plan para ‘blindar’ el TLCAN
Las negociaciones del TLCAN original comenzaron formalmente el 5 de febrero de 1991 y su firma se llevó a efecto el 17 de diciembre de 1992 por parte de los presidentes George Bush, de EU y Carlos Salinas, de México, así como el Primer Ministro de Canadá, Brian Mulroney.
Cuando George Bush firmó el TLCAN, tenía poco más de un mes de haber perdido las elecciones presidenciales con el candidato demócrata, Bill Clinton, uno de cuyos temas de campaña fue el rechazo al acuerdo comercial que había negociado un presidente republicano.
Para México y Canadá, el TLCAN tiene el estatuto jurídico de un Tratado Internacional, por lo que está por encima de las leyes y sólo debajo de la Constitución.
Para Estados Unidos se trata de un Acuerdo Comercial y no de un Tratado Internacional, lo que conduce a que sea directamente el Ejecutivo el que tenga capacidad de firmar o en su caso salirse de él. Clinton podría haber simplemente instruido a que se abandonara el Acuerdo.
Sin embargo, la aprobación del Acuerdo sí requería que fuera presentado por la Administración Clinton a ratificación por las Cámaras.
Clinton tuvo la visión de mantener el documento suscrito en 1992 y pidió la negociación de temas adicionales. De esta manera se agregaron las llamadas Cartas Paralelas, en materia de medio ambiente y asuntos laborales.
Con ellas logró convencer a un grupo de demócratas de que estaba remediando los defectos del documento suscrito por Bush.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes lo votó favorablemente el 17 de noviembre de 1993, y la de Senadores, el 20 de noviembre de ese año. El 9 de diciembre de ese año fue ratificado por el Senado en México. ¿Por qué le traigo a colación estas fechas? Por la coyuntura de la presente renegociación.
Los tiempos políticos de Estados Unidos harían muy complicada la ratificación de un TLCAN renegociado antes de las elecciones del 6 de noviembre de 2018.
Sin embargo, el objetivo de la negociación es que, en el caso específico de México, el acuerdo fuera ratificado por el Senado antes del cambio de legislatura, que tendrá lugar el 1 de septiembre de 2018.
La pretensión de la negociación que empieza a prepararse es que, entre la segunda quincena de agosto y la primera de diciembre de este año, haya una negociación intensiva, que permita definir los grandes acuerdos.
La intención es que a partir del mes de enero del próximo año comience la traducción jurídica de esos acuerdos para que estén listos tan pronto como fuera posible.
El escenario óptimo para los negociadores es que el Tratado estuviera ratificado en México antes de las elecciones de junio del próximo año, aunque aun lo hubieran hecho EU o Canadá.
Su carácter de Tratado Internacional impediría que sea revocado por la mera decisión del Jefe del Ejecutivo.
Salirse del Tratado requeriría la formación de una coalición contraria, en el escenario probable de que ninguna fuerza política obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones del próximo año. Y, eso se ve poco probable.
Lo interesante es que hay señales muy claras de que los altos funcionarios del gobierno de EU están perfectamente conscientes de los tiempos electorales en México y pareciera que podrían operar con celeridad.
Y, en ese caso, se podría conseguir el ‘blindaje’ de lo que quede renegociado, al margen de lo que pase en México en 2018.