México en un tag
Cualquiera que haya usado los segundos pisos de la Ciudad de México o tenga un sistema “tag” para pagar las casetas de algunas carreteras ha sido testigo de las varias ineficiencias del sistema: el de adelante no tiene crédito, tú no tienes saldo, pero no lo sabes y te tienes que salir, hay personal resolviendo manualmente los problemas a la entrada de la vía, el lector no lee el dispositivo, te han cobrado de más, no se puede usar en la noche en algunas partes, entre otros. Pero más allá de estos inconvenientes, podemos pensar en el sistema Tag que tenemos como un reflejo del país.
Los sistemas de pago automático se licitan. El principio atrás de cualquier licitación es que, dadas las bases técnicas del proyecto de que se trate, al poner a competir a los interesados, se generarán disminuciones en costos que redundarán en la selección del mejor candidato a los mejores precios beneficiando a los ciudadanos. Esa es la teoría. Sin embargo, cuando los contratos se asignan con base en el compadrazgo o en el amiguismo, en lugar de bajo requerimientos técnicos y de eficiencia económica, se optará por un proyecto menos eficiente y más caro. La opacidad en los procesos de licitación da como resultado sistemas como el tag actual: lentitud, fallas frecuentes y discontinuidad en el servicio. La corrupción nos cuesta en muchos sentidos, quizás el más relevante pero menos visible, es la mala asignación de recursos públicos que repercute en infraestructura de mala calidad u obsoleta desde el inicio.
Pero la corrupción en la asignación de los proyectos es solo el inicio de una cadena que llevará a malos resultados. Al asignar contratos bajo criterios turbios, el sector privado no tiene los incentivos para invertir en tecnología o en sistemas de calidad. Da igual que el privado dé un mal servicio porque su concesión no provino de su solidez técnica, sino de su relación con alguien. De esta forma, el sector privado subinvierte para incrementar sus beneficios a costa de los consumidores.
Se acaba requiriendo personal para procesos que deberían de estar automatizados. En ocasiones el sistema falla y los operadores toman los datos, uno por uno, apuntando a mano en un cuaderno, los números de los tags para hacer los cargos posteriormente. Sobra decir el caos que esto ocasiona. Los mayores tiempos de espera de los conductores, no solo de los que usan el tag, resulta en baja productividad y el costo correspondiente en producción.
La autoridad no funciona como autoridad. En casos como el mencionado, el cliente acaba pagando los costos asociados, como la pérdida de tiempo, de la ineficiencia de un sistema mal asignado. Si la autoridad funcionara como tal, habría consecuencias para el concesionario. Si el responsable asumiera sus pérdidas, los incentivos se alinearían mejor para resolver los problemas. Hoy la carga se la pasa al ciudadano.
Los usuarios son — ¿somos? — adversos al cambio. Las cuentas domiciliadas son más eficientes, pero existe desconfianza en su uso. Los cargos se hacen de forma automática, a diferencia de los sistemas de prepago, en los que el consumidor no necesariamente conoce su saldo y obstruye el paso de los demás vehículos. Pero esto evidencia quizás otro problema del país, la baja bancarización de la población. Si bien el sistema bancario mexicano es sólido y el crédito otorgado sigue en aumento, la poca profundidad del sistema financiero hace difícil migrar a sistemas automatizados de cobro.
Un sistema más eficiente sería uno domiciliado donde quien use el sistema sin el dispositivo
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