SNA, sin cirujano
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A sólo tres días de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún no se ha decidido el nombramiento del Fiscal Especial por parte del Senado de la República. El inexplicable retraso, ha despertado una serie de suspicacias y especulaciones, generando la percepción de que se opera desde algún ámbito de poder para sabotear su implementación efectiva.
Las expectativas producidas por la iniciativa, que tuvo su origen en el reclamo social generalizado, ante los evidentes niveles de corrupción e impunidad de carácter diverso, languidecen frente a las realidades operativas y funcionales a que se enfrenta, introduciendo una alta dosis de escepticismo respecto a su futuro y eficacia.
Cándido sería pensar que el camino estaría cubierto de flores y que no se ofrecerían obstáculos a su ejercicio desde aquellos ambientes que serán, en la práctica, sus principales clientes y objetivos prioritarios.
Sin exageraciones, puede considerarse a la corrupción como la más prominente amenaza a la seguridad nacional y a la viabilidad del Estado, pues mina el desarrollo, fomenta el crimen, lacera la estabilidad y demuele la cohesión social. Contener su evolución no es sólo un asunto de corpulencia normativa, sino de voluntad decisoria y ejecutiva que se materialice en resultados observables.
La sola formulación de robustas normas, la asignación de abundantes presupuestos y la promoción mediática de sus bondades, se traducen en quimeras cuando no gozan del acompañamiento de sólidas e irrestrictas voluntades, expresadas en acciones concretas e indiscutibles.
Corrupción e impunidad son factores indisolubles de un mismo cáncer social que requiere de un tratamiento tanto quirúrgico como preventivo, que permita la contención y extirpación del mal y prevenga su regeneración.
En teoría, el SNA debiera ser el bisturí y el tratamiento, pero requiere, obvio es, de un muy competente cirujano y un incuestionable cuerpo técnico que le de soporte. Nada fácil.