¿Qué nos pasa? ¿Queremos o no queremos vivir en paz?
Somos más de 129 millones de mexicanos, la mayoría queremos vivir en paz con el pleno goce de nuestros derechos humanos; pero parece que otra parte, la menor, sin duda, se empeña en impedirlo. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Los menos pueden más?
La descomposición social en nuestro país ha crecido enormemente y al parecer estamos en los límites de la anomia, ¿Lo vamos a permitir?
Razonemos, evoquemos nuestro sentimiento nacionalista para repasar lo bueno y lo malo y corregir lo necesario para vivir democráticamente.
Formamos parte del G-20; tenemos fuerza laboral (que dejamos servir a otras economías); talento que se desborda (empresas mexicanas se expanden y triunfan en el extranjero), exitosos estudiantes, investigadores y científicos con reconocimiento a nivel mundial; deportistas, literatos, artistas de distintos géneros que trascienden las fronteras. Tenemos extraordinarios recursos naturales (12% de la biodiversidad mundial) y población heterogénea con grandes virtudes, pero, ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos elevar los niveles de vida? ¿Somos incapaces de vivir en paz?
Basta ya de secuestros, persecuciones a activistas y comunicadores y homicidios en todo el país; debemos interrumpir la ola de sangre que baña a México, que se nos escapa y combatir la ilegalidad en cualquiera de sus manifestaciones.
Sabemos del impacto de la corrupción en la ignorancia, la violencia, la miseria y sus consecuencias; su enérgico combate es inaplazable.
La reforma constitucional que produjo la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) (10 de julio de 2016), es tan importante como la de los derechos humanos (10 de junio de 2011). Si acabamos con la corrupción, México se levantará y con él los mexicanos.
El SNA llega como el último recurso, pero es evidente que nació incompleto; urgen las piezas faltantes, el fiscal y los magistrados, que justo inciden para evitar la grave y odiada impunidad.
Una vez completo el sistema, no esperemos un efecto mágico en lo que puede ser un proceso largo y espinoso. Recordemos que por acuerdo de los 14 miembros de la recién fundada Red de Integridad (www.networkforintegrity.org), el INAI asumió la presidencia por un período de dos años, indicativo de la confianza que a nivel internacional se tiene, por lo que de ninguna manera le daría al SNA un “pronóstico fatal”, pero sí alertaría para fijar atención en el funcionamiento de las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras (sic) conforme a la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que serán las pinzas del Comité Coordinador (CC).
Advirtamos el cumplimiento de éste, integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana; mismo que tiene a su cargo la coordinación y eficacia del sistema (art. 113 fracción V CPEUM).
Sin duda es un enorme reto, cuyo éxito mucho dependerá del respeto a los acuerdos que se tomen en el seno de cada uno de sus integrantes.
Recomiendo leer la Revisión de la Integridad de México de la OCDE: “… si la corrupción no se atiende con eficacia, será imposible atender en la misma forma muchos de los otros problemas graves que enfrenta el país: caída de productividad y competitividad, desigualdad persistente, asuntos graves de seguridad regional y varios más”. (http:// www.oecd.org/corruption/ ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf)
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