MANUEL SÁNCHEZ
RAZONES Y PROPORCIONES
La incorporación de estándares laborales y ambientales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aparte de injustificada, tiene el riesgo de reducir los beneficios de la apertura económica.
Entre los objetivos recientemente publicados por Estados Unidos para la renegociación del TLCAN, se encuentran dos largas listas relacionadas con estas materias.
En lo laboral se incluyen aspectos como la abolición del trabajo infantil y la adopción de condiciones “aceptables” de salario mínimo, horas de trabajo, y seguridad y salud ocupacional. Respecto al medioambiente, se incorpora, entre otros, la prohibición de modificar leyes ambientales internas que puedan afectar el comercio o la inversión.
Estas metas tienen en común que se refieren a temas ajenos al comercio y a la inversión y, por lo tanto, no deberían formar parte de un acuerdo comercial. Su finalidad inmediata es reducir la diversidad en estos asuntos, imponiendo criterios estadounidenses a los países socios, con la amenaza de sanciones comerciales en caso de incumplimiento.
Si bien está presente en otros tratados comerciales de Estados Unidos, la demanda de homogeneidad ignora las condiciones de las diferentes economías. Por ejemplo, el trabajo infantil es un reflejo de la pobreza en México y los bajos salarios responden a la abundancia de mano de obra no calificada.
Asimismo, las naciones toman distintas decisiones en materia ambiental, dependiendo de factores como su prioridad respecto a otros objetivos y los recursos disponibles. Es evidente que, en nuestro país, la conveniencia de cuidar a las especies marinas palidece frente a las tareas pendientes en seguridad pública.
La diversidad en los temas mencionados no solo es legítima, sino que, al reflejar las condiciones propias de las economías, permite aprovechar mejor las oportunidades del comercio y de la inversión.
Si esto es así, ¿por qué el interés del país rico en imponer sus propias normas a los demás? En las propuestas de estandarización de reglas pueden confluir varias motivaciones, no siempre explícitas, entre las que conviene destacar tres.
Una primera razón podría consistir en que la nación desarrollada busca el bien de las demás, especialmente de las menos avanzadas. Esta hipótesis se basa en el supuesto de que los valores y costumbres de Estados Unidos son tan superiores que le otorgan autoridad para imponer su adopción a otros.
Tal paternalismo, que parece gozar de cierta simpatía entre algunos observadores nacionales, tiene el obvio inconveniente de abrir la puerta a un cúmulo potencialmente ilimitado de requerimientos cuyo costo corre a cuenta del país tutelado.
Un segundo argumento se refiere al temor de que la competencia propiciada por el comercio internacional lleve a una carrera hacia estándares más laxos, con el fin de ganar competitividad. Sin embargo, esta preocupación carece de validez lógica y empírica.
El comercio internacional impulsa el crecimiento económico y, con un mayor ingreso, las economías tienden a mejorar sus estándares. Además, la inversión extranjera no parece estar determinada por la laxitud de las normas y no hay evidencia de la mencionada tendencia internacional a la baja.
Una tercera hipótesis, que parece tener la mayor validez explicativa, es la búsqueda de proteccionismo. Las manifestaciones pueden ser diversas, pero una muy socorrida es la señalada hace un cuarto de siglo por el eminente economista Jagdish Bhagwati.
Consiste en la objeción de cualquier tipo de diferencia en los demás países, ya sea de políticas o instituciones, con el argumento de que constituyen un campo disparejo para el comercio “justo”.
Esta expresión tiene la ventaja de obtener el apoyo de los políticos más fácilmente que el reconocimiento del mero afán proteccionista. Una conveniencia adicional es que permite aglutinar a muy diversos grupos de interés, incluyendo poderosos sindicatos y asociaciones ambientalistas, bajo el mismo ideal.
Empero, refleja una interpretación inadecuada del comercio, según la cual el aumento de las exportaciones es un éxito y el de las importaciones, un fracaso. En esa concepción, es lamentable que el país rico busque reducir las ventajas competitivas de la nación pobre aumentando su costo de producción, mediante la imposición de normas.
Ante estos riesgos, no es prudente pensar que la incorporación de tales obligaciones es intrascendente. Proporciona un camino potencial para que Estados Unidos limite el comercio y la inversión, en detrimento de los tres países socios.
*Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)