DEMOCRACIA EFICAZ
El fallo de la Suprema Corte que avaló ayer la llamada ley Kumamoto, que reduce el financiamiento público de los partidos políticos en Jalisco, puede sentar una dinámica virtuosa para que otras entidades emulen el ejemplo y se genere un efecto dominó que baje las prerrogativas de los partidos a lo largo del país. La reforma que hizo el Congreso de Jalisco, con el apoyo del gobernador de aquella entidad y con el voto de la mayoría de los diputados, cambia la fórmula de financiamiento de los partidos en dos sentidos: por una parte, reduce el financiamiento ordinario (el que reciben en años no electorales) y luego ata el financiamiento de campañas al número de votos emitidos en la última elección, y no al número de personas registradas en el padrón electoral.
En la reforma electoral de 2014 se aumentó –sin justificación alguna– el dinero de los partidos en el ámbito estatal, una medida que pasó de noche. (Debe subrayarse que en México los partidos reciben financiamiento por dos vías: como partidos con registro nacional ante el INE y como partidos con registro estatal ante los institutos locales u Oples). La reforma mandató a que las entidades del país homologaran sus fórmulas respecto a la federal: esta reza que la bolsa de los partidos se obtiene de multiplicar el 65% del salario mínimo (hoy UMA) por el número de personas inscritas en el padrón electoral.
Como en la mayoría de las entidades el factor que se usaba para determinar la bolsa de partidos era menor al 65% del salario mínimo –en muchas era del 20%– el resultado fue un incremento de aproximadamente 50% en el financiamiento a los partidos en el ámbito estatal. Nunca se explicó por qué los partidos estatales requerían más dinero, simplemente se aprobó.
Después del gasolinazo de enero, algunas entidades promovieron reformas para reducir el financiamiento de los partidos (una medida que buscaba relajar el enojo social y generar empatía y aplausos). En Sonora, por ejemplo, la gobernadora Claudia Pavlovich propuso reducir 50% el financiamiento de partidos, pero lo hizo mediante una iniciativa de reforma a la Constitución federal, que fue avalada por el Congreso local. La ley Kumamoto sólo afecta a los partidos de Jalisco, pero ambas medidas –una por arriba y la otra por abajo– pueden generar el momentum para que los partidos ajusten a la baja sus prerrogativas en el ámbito nacional y estatal.
En mi opinión, reducir el dinero de los partidos es una medida para fortalecerlos, no para debilitarlos. Partidos ricos son partidos burocratizados que se alejan de la sociedad; partidos sobrios con recursos suficientes pero acotados, pueden recobrar su labor de lucha política y recobrar la misión de atender las demandas de la sociedad. Es también una medida que ayudaría a que los partidos recuperen la confianza de la población. Hoy son percibidos como negocios para enriquecerse y la imagen de privilegios genera antipatía y limita su capacidad de acercamiento con los votantes.
El aval que dio la Corte ayer es muy importante para dar libertad a que las entidades adopten la fórmula de financiamiento que mejor les convenga, y contradice el argumento prevaleciente de que las entidades no podían cambiar su fórmula porque derivaba de una ley general obligatoria.
El fallo de la Corte es un mensaje político y jurídico muy poderoso porque ocurre en un momento de enojo por los montos de financiamiento de partidos para 2018, que suman más de 12 mil millones de pesos. A pocos meses de que inicien las campañas de 2018, la ley Kumamoto puede ser un incentivo para que los candidatos a la Presidencia hagan de la promesa de bajar el dinero de los partidos un eje que surta efecto a partir de 2019. Si la ley “3de3” ha sido un paraguas para obligar a los candidatos a tomar postura en el tema de la transparencia patrimonial, ¿acaso no valdría la pena intentarlo con el slogan deKuma moto ,# Sinvo tono haydinero?
Es necesario reflexionar si usar la votación de la última elección es la mejor manera para bajar el financiamiento a los partidos –hay muchas formas de cambiar la fórmula, una de ellas simplemente reduciendo el factor del 65% del salario mínimo que se usa actualmente. Pero el tema nodal es la exigencia de reducir el financiamiento como una medida para fortalecer a los partidos y recobrar su credibilidad.
Finalmente, es necesario resaltar y reiterar una y otra vez que los partidos que impugnaron ante la Corte la reducción de sus prerrogativas en Jalisco son tres con nombre y apellido: Morena, el Partido Verde y Nueva Alianza.