GABRIEL CASILLAS

Los mexicanos hemos percibido una tendencia creciente de corrupción, que se ha acentuado en los últimos años. Prácticamente no hay día en el que no veamos algún encabezado en casi cualquier periódico mexicano —impreso o digital—, que hable sobre algún hecho de corrupción. Desde algún funcionario público, presunto autor o cómplice de alguna licitación “a modo”, en donde se privilegió a alguna empresa que no necesariamente cumplía con los requisitos, a cambio de dinero o algún regalo en especie, hasta fuertes acusaciones de enriquecimiento ilícito mayúsculo. Se ha vuelto tan generalizado y en donde se percibe que se han castigado a tan pocos, que para muchos, la palabra “político” en México se acompaña por la palabra “corrupto”. Esto se aplica a todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes. Se aplica a fuerzas policiacas, a legisladores, a funcionarios del poder judicial, a secretarios de estado, a gobernadores y a presidentes municipales, entre otros.

Desafortunadamente, así como el sentimiento generalizado que percibo es que no se está procesando a un porcentaje alto de funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción, también considero que es muy probable que se estén procesando a otros funcionarios que son inocentes, en donde la población no duda que sean corruptos, sólo por el simple hecho de haber ocupado cargos públicos. Debido a la muy baja credibilidad de los procedimientos legales en contra de presuntos corruptos, a la población no le importa si legalmente se les probaron o no los actos de corrupción, por lo que un encabezado en algún periódico se convierte en prueba fehaciente para la población de que tal o cual funcionario es corrupto.

Entonces pregunto: ¿Qué incentivos hay para ser funcionario público hoy en día? Además de ser una profesión muy devaluada —en donde es muy fácil ser tachado de corrupto—, es muy probable que la mayoría de las personas altamente capacitadas para estar en un cargo público, puedan percibir mayores ingresos en el sector privado. Lo peor es que se sigue devaluando cada vez más ser político y la tendencia de salarios en el sector público ha ido a la baja. Una medida altamente populista, tomada por políticos de todos los partidos, incluyendo al expresidente Calderón, que dictó la muy absurda política de que ningún funcionario público federal podía ganar más que el Presidente.

Afortunadamente existen excepciones, en donde existe un profundo y verdadero patriotismo, en conjunción con una verdadera oportunidad de poder hacer algo por mejorar nuestro país. No sé qué haríamos sin estas personas, que aunque la población en general no lo crea, son muchas. Aún sabiendo que podrían trabajar menos o el mismo número de horas, pero sin duda ganar más fuera del gobierno, estas personas están “al pie del cañón” para que tengamos un México mejor. No son mártires, porque sé que la mayoría buscan mejores oportunidades para mejorar al país y eventualmente poder obtener un reconocimiento al respecto, pero sí los considero héroes, máxime en el entorno en el que se encuentran.

Desafortunadamente, el entorno político que enfrentamos también atrae a personas con muy bajos escrúpulos, con incentivos para enriquecerse, en donde si son suficientemente cautelosos y sagaces, es muy probable que no tengan que enfrentar el peso de la ley por los actos de corrupción que lleven a cabo. En términos de reputación, no importa tanto dado que serán tachados de corruptos, lo hayan sido o no.

Es por ello que insisto en que no podemos “apostarle” como país solamente al combate a la corrupción. Esa no es la solución. La corrupción es un cáncer que desafortunadamente viven todos los países y no sólo en el sector público, también en el privado. Para disminuirla se necesita que se haga cumplir la ley y que paguen quienes realmente hayan resultado responsables. Esto no va a suceder simplemente combatiendo la corrupción. Se necesita ir más allá. Se necesita instaurar un Estado de derecho. Por esto, me refiero específicamente a tomar medidas para que se haga cumplir la ley, como una verdadera reforma que mejore significativamente tanto la persecución del delito, como la procuración de justicia. El simple combate a la corrupción, por ejemplo, no hubiera evitado el extremadamente desafortunado y triste agravio y asesinato de Mara Castillo y el de tantas personas. El problema es que no hay temor al cumplimiento de la ley. Por eso el combate a la corrupción es necesario, no hay duda, pero no suficiente. Es imperativo fortalecer el Estado de derecho. En mi opinión, esa debe ser la prioridad de la siguiente administración.

*El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional del Estudios Económicos del IMEF. Las opiniones que se expresan en esta columna no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, ni del IMEF, por lo que son responsabilidad exclusiva del autor.

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