Fuera de tiempo
La oportunidad es tan importante como el contenido de una reforma legislativa. Una reforma sólida y comprehensiva es irrelevante si se presenta de forma inoportuna, en momentos cuya probabilidad de éxito es nula. Por el contrario, una reforma inocua es irrelevante siempre, aunque sea en el momento político ideal.
En política lo perfecto no es amigo de lo factible. El maximalismo se convierte en un obstáculo y en una irresponsabilidad. Al pedir todo, los promotores del mundo ideal acaban por dinamitar lo posible y eliminan cualquier avance. Tal parece el riesgo del fiscal general y de la nueva Fiscalía General de la República.
En 2014 se aprobó un cambio trascendente para el país: dotar de autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República (PGR), reforma efectiva a partir de 2018. En dicha reforma se establecía que habría un nuevo fiscal cuyo nombramiento tomaría vigencia una vez que se aprobara la Ley Orgánica. La reforma era incompleta, por supuesto. Lo era porque sólo focalizaba un principio –la autonomía– pero dejaba de lado otros temas centrales, como lo son el diseño de una nueva estructura que erradique lo vicios de la PGR, o bien, un replanteamiento de las atribuciones y capacidades del Ministerio Público. La reforma daba autonomía, pero no los instrumentos para que fuera una autonomía eficaz.
La reforma de 2014 también creó una Fiscalía Anticorrupción, cuyo primer fiscal especializado debía ser nombrado por el Senado a partir de ese año. El cambio era importante pero insuficiente: nada se mencionaba sobre la estructura orgánica y los recursos necesarios para construir una Fiscalía que combatiera la corrupción de forma eficaz. Su génesis tendría que darse a partir de la Unidad de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la PGR, una unidad con escaso personal, recursos y tecnología.
En los últimos meses han surgido voces que piden cambiar nuevamente la Constitución para construir instituciones auténticamente independientes. ¿Para qué nombrar un fiscal anticorrupción –han dicho algunos senadores– si solo durará en el cargo menos de dos años? Mejor incumplir la reforma de 2014 y esperar a tener una Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónoma. En esa discusión, más los pleitos entre partidos y los cálculos de unos y otros, se ha ido el tiempo: ni hay fiscal anticorrupción ni mejores instrumentos para combatir los casos de corrupción que brotan.
El mismo fenómeno se ha detonado con el fiscal general. Qué bueno que se elimine el pase automático, aunque haya un riesgo de que no se materialice el nombramiento del primer fiscal en esta legislatura. La eliminación del pase automático implica una reforma constitucional que, en el mejor de los casos, podrá llevar dos o tres meses, porque tiene que recorrer ambas cámaras del Congreso federal y luego ir a las legislaturas estatales. Ello implica que la convocatoria para el nombramiento podría ocurrir hasta el siguiente periodo de sesiones que inicia en febrero de 2018, justo en medio del inicio de las campañas presidenciales. ¿Habrá capacidad y serenidad para hacer un nombramiento de consenso en medio de la guerra electoral?
Si además se exige que antes de nombrar al fiscal se convoque a un diálogo nacional y se reforme el artículo 102 constitucional para rediseñar las facultades de la nueva Fiscalía, sus mecanismos de reclutamiento y la autonomía de los servicios periciales, podríamos llegar al 1 de diciembre de 2018 sin fiscal y sin reforma constitucional, con el riesgo de que el nuevo presidente de la República “patee la pelota” y proceda a nombrar a un encargado de despacho “mientras el Congreso procesa sus diferencias” (quizá algo parecido a lo que pasó con la Secretaría de la Función Pública al inicio de este sexenio). Si ahora se cuenta con las condiciones para exigir un nombramiento transparente y de alguien sin cercanía aparente con el gobierno en funciones, ese panorama puede cambiar mucho a partir de diciembre de 2018.
El Instituto Federal Electoral nació en 1990 y sólo después de varias reformas en 1993, 1994 y 1996 logró autonomía plena y capacidades suficientes para organizar comicios y arbitrar elecciones –con una buena dosis de retrocesos en reformas posteriores. La ventaja de nacer, aun con imperfecciones, es aprender caminando, mediante pruebas y errores. Que haya un fiscal en la silla ayuda para revisar desde adentro, ordenar lo desordenado, mejorar el reclutamiento, mejorar la asignación de recursos y determinar cuáles son las carencias estructurales a las que se enfrenta la institución.
Las propuestas de algunos legisladores, académicos y organismos de la sociedad civil son muy relevantes, pero fuera de tiempo. Mejor contar con un fiscal con los atributos, talento y neutralidad para iniciar la construcción de la nueva Fiscalía, y a esa persona exigirle que promueva los cambios necesarios. Llevará varias generaciones contar con una Fiscalía sólida, autónoma y que combata eficazmente la impunidad. En este momento lo más importante es no dinamitar su nacimiento, porque los riesgos en 2018 pueden ser enormes.