Reconstrucción efectiva con transparencia
El derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales son protegidos por la Constitución y garantizados por el INAI partiendo de los principios de máxima publicidad y que quienes ejerzan o utilicen tienen la obligación legal y moral de transparentar el uso y destino, es decir, rendir cuentas a la sociedad.
Desde hace unos doscientos años, el economista y político John Stuart Mill reflexionaba que, transparentar las acciones del gobernante, es una prerrogativa de la sociedad, pues son los ciudadanos quienes los eligen, por tanto, la información que se genere por la acción de los primeros, les pertenece a los ciudadanos.
Esto lo traigo a colación porque existe una preocupación razonable de los mexicanos por conocer el uso y destino de los recursos que el gobierno destine para las obras y acciones de la reconstrucción nacional. En un primer estimado, fue señalado un costo de 38 mil millones y en una segunda estimación, se contempla que sean 48 mil millones de pesos, que equivale al presupuesto anual de la UNAM, de las ayudas de pensión a 5 millones de adultos mayores en todo el país o a 11 veces los recursos anuales que se destinan a las estancias infantiles de las madres trabajadoras operadas por la Secretaría de Desarrollo Social.
Según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 5 de octubre de 2017, se han gastado 6 mil 844 millones de pesos; 60% de los cuales se concentran en los estados de Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, es necesario que esta información se encuentre en datos abiertos y con mayor detalle para conocer cada una de las acciones, apoyos y programas, así como la población beneficiaria.
Recientemente, los diputados aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018 y, haciendo modificaciones a las variables macroeconómicas como el tipo de cambio y el precio de petróleo, estiman recaudar unos 43 mil 300 millones de pesos adicionales, con lo cual, prácticamente se estaría atendiendo el costo de la tragedia.
Una alternativa para obtener los recursos para la reconstrucción, sin aumentar impuestos ni la deuda pública, sería aplicar recortes al gasto programable de los gobiernos federal y estatales. Por ejemplo, en el primero se podría reducir la partida 2600 de Combustibles, lubricantes y aditivos; pues para el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó 124 mil 645 millones de pesos para esta. Para 2018, el Ejecutivo Federal propone destinarle 158 mil 211 millones de pesos. Considerando el impacto inflacionario anual de 6.5%, esta partida debería tener un monto máximo de 132 mil 747 millones de pesos. Con lo cual se liberarían 25 mil 464 millones de pesos.
Otra partida 2300, Materias primas y materiales de producción y comercialización puede aportar 4 mil 782 millones de pesos. Para 2017, los diputados aprobaron 31 mil 344 millones de pesos para esa partida, en cambio, para 2018, se está proponiendo una asignación de 38 mil 164 millones de pesos.
Por su parte el sector privado está realizando una tarea importante de recaudación de Fondos para la reconstrucción. Por ejemplo, la Fundación Carlos Slim destinará 2 mil 373 millones de pesos, para ayuda humanitaria, reconstrucción de centros de salud, escuelas, mercados y para la protección estructural al patrimonio cultural en las zonas afectadas. Esta fundación transparentó la lista de las personas físicas y morales que realizaron las mayores aportaciones. De igual manera, el Consejo Coordinador Empresarial, a través del Fideicomiso Fuerza México, ha logrado recaudar 132 millones de pesos y 2.7 millones de dólares, además el Comité Técnico de este fideicomiso firmó un convenio con el INAI para transparentar las donaciones económicas y materiales al Fideicomiso y asegurar un uso eficaz y eficiente de esos recursos.
Por tanto, es claro que la apertura sin restricciones a la información sobre las acciones destinadas a la reconstrucción puede ser un instrumento útil para la recuperación de la confianza social en las instituciones del Estado. En ese sentido, el INAI juega un papel decisivo en las instancias en que participa, pues ha propuesto una serie de acciones puntuales que contribuyen a transparentar todos los esfuerzos para la reconstrucción nacional.
Las acciones que propone el INAI están además orientadas para que puedan replicarse por los órganos garantes en todas las entidades federativas, especialmente en aquellas donde los siniestros fueron más impactantes; por ello, la coordinación y transparencia de las acciones que realicen todas las instancias públicas y privadas serán fundamentales para rendirles cuentas a la sociedad y reiterar que esa respuesta inmediata, humana y solidaria que se brindó durante la emergencia, es claramente correspondida con cada acción transparentada del quehacer gubernamental.