El efecto de la corrupción sobre las calificaciones soberanas
Desde hace tiempo se ha asumido que la corrupción tiene un efecto directo y relevante sobre las calificaciones soberanas. Y es que resulta casi elemental considerar que los índices de corrupción afectan la calificación de riesgo de los países, pues se sabe que las tres principales agencias calificadoras (Moody’s, Standard&poor’s [S&P] y Fitch’s) los incluyen en su metodología.
Conocer mejor la naturaleza de la relación entre corrupción y riesgo soberano tiene una gran importancia por dos razones. En primer lugar, nos hablaría de las oportunidades que existen de mejorar la calificación de riesgo soberano de México y, por tanto, de la posibilidad que tenemos de promover un mejor ambiente para la inversión en un contexto internacional complejo. En segundo lugar, conocer mejor la relación entre corrupción y calificación soberana ayudaría a aterrizar y darle un objetivo económico concreto y visible al combate a la corrupción, separando este tema del debate político.
Las calificaciones soberanas tienen una importancia particular para países como México, que buscan, además de atraer inversiones, contar con la disponibilidad de distintas fuentes de financiamiento a tasas accesibles y estar en mejores condiciones para –en su caso– emitir deuda que ayude a financiar, @benxhill por ejemplo, proyectos de infraestructura. En el caso de México y de la coyuntura actual, en la que el Tratado de Libre Comercio se está renegociando, la política se enrarece por el ambiente preelectoral, y con las presiones de gasto por la reconstrucción tras los recientes desastres naturales, la importancia de contar con una buena calificación de riesgo se subraya.
Tanto el G-20 como la OCDE han impulsado la realización de estudios que tratan de medir las consecuencias de la corrupción sobre la economía de los países y sobre sectores específicos. Estos estudios han concluido que si bien resulta difícil cuantificar el efecto de la corrupción, está claro de que ésta tiene un efecto importante sobre el costo de los proyectos, tanto públicos como privados. La corrupción encarece el costo de hacer negocios, ahuyenta las inversiones, pues actúa como un impuesto para la inversión y esos costos terminan siendo transferidos al consumidor final y al contribuyente. Si bien conocíamos de la relación entre corrupción y el desempeño de las economías, hacía falta un análisis más profundo sobre la relación entre corrupción y riesgo soberano y, en específico, entre los índices que intentan medir la corrupción y las calificaciones de riesgo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (https://publications.iadb.org/bitstream/ handle/11319/8562/el-uso-deindicadores-de-corrupcion-enlas-calificaciones-soberanas. Pdf?sequence=3&isallowed=y) publicó este mes un estudio que explica cómo se utilizan los principales índices de corrupción en las calificaciones soberanas, y cuál es el efecto que los primeros tienen sobre los segundos. El estudio muestra que existe una fuerte correlación entre las calificaciones que emiten las tres principales agencias y los tres indicadores de corrupción más utilizados, el Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional (CPI), los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial (WGI) y la Guía Internacional de Riesgo País (ICRG). Para incorporar indicadores de corrupción a sus calificaciones, S&P utiliza una metodología en gran parte cualitativa en la que no está claro cuál de los indicadores de corrupción incorpora a la calificación, ni cómo lo hace. Moody’s, por su parte, utiliza los indicadores de WGI, aunque su metodología no permite conocer el efecto cuantitativo en el cambio de la calificación dado un cambio en el WGI. Fitch’s también utiliza los indicadores de WGI y, en este caso, sí es posible simular cómo afectaría la calificación un cambio en indicadores de corrupción. En suma, el estudio del BID con- cluye que puede sugerirse que los indicadores de corrupción tienen un efecto causal en las calificaciones soberanas. La corrupción en los países afecta negativamente la calificación de riesgo soberano.
Esta conclusión abre la posibilidad de un esquema de colaboración interinstitucional orientado a la mejora de la calificación soberana de México, mediante el combate a la corrupción. Como decíamos, el debate sobre el combate a la corrupción se encuentra atorado en el ámbito político, en donde se utiliza más como un arma acusatoria que como una plataforma para discutir propuestas de política pública, de soluciones.
La vinculación causal entre calificación soberana e índices de corrupción puede convertirse en una invitación para que el Sistema Nacional Anticorrupción trabaje al lado de las oficinas de gobierno que analizan las oportunidades que tenemos de mejorar la calificación soberana de México (y en otros indicadores, como el Doing Business del Banco Mundial), para revisar qué tipo de política es posible diseñar en conjunto e impulsar acciones dirigidas a mejorar nuestra calificación en índices de corrupción. Puede ser un mapa de ruta que apunte a objetivos concretos en el combate a la corrupción, que sume capacidades institucionales y que no se pierda en la indeterminación del debate político.
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