J. SÁNCHEZ SUSARREY
José Antonio Meade, en el foro organizado por El Financiero, afirmó que consolidar el estado de derecho es la llave maestra para enfrentar el resto de los problemas del país: desde la legitimidad de una reforma fiscal, hasta la seguridad de la inversión. Y no le falta razón.
De hecho, hasta ahora, ningún otro precandidato, o candidato, ha fijado, con tal claridad, la tarea del próximo gobierno. Por el lado de AMLO ese tema ni se considera. Y, a contrapunto, el Frente Ciudadano ha disparado un escopetazo: combatir la violencia, acabar con la pobreza y la desigualdad, y combatir la corrupción.
Por lo demás, la tesis del secretario de Hacienda, y precandidato a la Presidencia de la República, debe ser redondeada. Un elemento indispensable a integrar es la revisión de la guerra contra las drogas, que ha sido negativa en todo el mundo. Pero en México, como en el resto de América Latina, está directamente conectada con corrupción, violencia e impunidad, que socavan el estado de derecho.
Otro asunto capital es el fortalecimiento del estado de derecho para acotar un falso federalismo, que convierte a los gobernadores en virreyes intocables. Los excesos, la corrupción y la violencia que se vivieron en Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Nayarit, Chihuahua, Sonora –y la lista se puede extender– tienen que ser cortados de tajo. Ese andamiaje de pillería y abusos desde el poder se sostiene en la impunidad. Mientras no haya castigo, no habrá forma de combatir ese cáncer.
De ahí que el reforzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y la constitución de una Fiscalía Autónoma deban ser dos pilares del proyecto. En el entendido que el nombramiento de un fiscal honorable e independiente, que asuma y lidere la construcción de una nueva Procuraduría General de República, es la condición necesaria, aunque no suficiente, de la reconstrucción del sistema de procuración de justicia.
Sin embargo, hay temas adicionales en los que Meade ha adoptado posiciones conservadoras y contrarias al fortalecimiento institucional. Como secretario de Hacienda se ha opuesto a la creación de un Consejo Fiscal Independiente, con el argumento que el FMI, la OCDE y las agencias calificadoras de riesgo revisan sistemáticamente a México. Pero a pesar de eso, durante este sexenio, la deuda pasó de 37.7 a 48 por ciento del PIB. Por lo demás, los Consejos Fiscales Independientes son una práctica normal en la mayoría de los países desarrollados.
Y lo anterior, sin contar que ha hecho pronunciamientos muy discutibles, como afirmar que el impuesto predial es una fuente recaudatoria que debe ser explotada, sin considerar que el problema del gasto público está marcado por la ineficiencia, la duplicación de funciones y altos grados de discrecionalidad y corrupción. De forma tal, que cualquier propuesta recaudatoria tendría que ser acompañada de un programa de revisión y reestructuración de la Hacienda Pública.
En la misma lógica se puede y debe incluir el tema de la sobrerregulación que impone trabas y un peso absurdo a las empresas medianas y pequeñas. En este tema, y otros, la tesis de Reagan se aplica cabalmente: el Estado no es la solución, es el problema. Al respecto, Meade podría revisar la noción del ‘Estado obeso’, que guio la liquidación de empresas paraestatales en los años ochenta y noventa.
Finalmente, imposible dejar de lado la reciente declaración del secretario de Hacienda: “México le debe mucho al PRI”. El problema es que la camiseta priista está completamente desprestigiada: el 93 por ciento de los mexicanos no confía en el gobierno, según el Pew Research Center. Lo que plantea una pregunta de ida y otra de vuelta. De ida, ¿qué tanto está obligado Meade a ostentar su filia priista y cuál será el costo que tendrá para su candidatura? De vuelta: ¿qué tipo de relación tendrá con los priistas si gana la Presidencia? Porque el antecedente de Ernesto Zedillo muestra que las tensiones entre un Presidente no priista y ese partido fueron algo más que tormentosas.
Este es el laberinto en que Meade se adentrará, de ser ungido abanderado del PRI.