PEDRO KUMAMOTO
La trama sucedió por toda América Latina. Una empresa brasileña dedicada a la construcción, la famosa Odebrecht, se consagró a levantar un imperio a partir de un esquema infalible: entregando cuantiosas cantidades a campañas electorales pavimentaron su éxito comercial, pues cuando estas campañas se convertían en presidencias, gobernaciones y demás cargos electos, Odebrecht se dedicaba a recoger las ganancias de su inversión a través de victorias absolutas en cualquier licitación que dicha empresa participara.
De esta manera, cientos de puentes, gasoductos, refinerías y presas se convirtieron en la opulencia de la transnacional brasileña, así como la de los políticos de la región entera. La veían como una operación ganar-ganar. Los directivos de Odebrecht podían presentarse como estrategas que hacían crecer a la empresa con rendimientos impresionantes, y por el lado político se obtenía la entrada de flujos económicos necesarios para comprar votos o bien pagar el silencio y colaboración de las autoridades electorales de los países correspondientes.
Sin embargo, este paraíso de corrupción empezó a desmoronarse en los últimos meses. Fiscales especiales, comisiones de investigación y los medios de comunicación iniciaron una enorme operación para dar a conocer, documentar y sancionar a aquellas personas que habían participado en dichas actividades delictivas. La sorpresa fue mayúscula. Lo que comenzó como una investigación pensada para un país escaló a niveles insospechados e involucró a prácticamente toda Latinoamérica e hizo temblar la presidencia de media docena de países, encarceló a funcionarios de la más alta responsabilidad por todos lados y demostró la colusión e impunidad total con la que opera el dinero sucio en la política.
En Guatemala, Perú, Brasil, Argentina, Panamá y una lista amplia de países esto ya sucedió. En todos ellos, los responsables de los actos de corrupción están enfrentando procesos judiciales o, incluso, ya se encuentran tras las rejas. En esos países se probó que la corrupción salpicaba a servidores públicos en responsabilidades estratégicas. Sí, en todos lados ya hay gente en la cárcel, ministros en juicio, gobernantes en apuros, en todos lados menos en México.
Después de meses enteros en los que parecía que el lodo de la corrupción se mantenía sin salpicar a este país, nos enteramos que existían investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que dirigía sus sospechas al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, bajo el argumento de perseguir flujos de recursos económicos indebidos en comicios electorales. Los detalles se fueron revelando poco a poco, las cuentas en paraísos fiscales, los montos, las transacciones monetarias a favor de campañas del PRI, los testigos brasileños, todo apuntaba que la investigación llegaría a su final en fechas próximas.
La semana pasada Santiago Nieto reveló en una entrevista su preocupación por las supuestas presiones que Lozoya le hizo llegar a través de una carta. Pudo ser anecdótico, pudo ser un rumor o simplemente un malentendido. Sin embargo, lo que derivó fue profundamente más serio: la destitución del titular de la investigación más ambiciosa contra la corrupción que se ha visto en la historia de las campañas políticas. La PGR dio un manotazo y retiró de su puesto a Santiago Nieto, bajo el argumento de que el titular rompió varias reglas de la dependencia al ir con los medios y señalar a Lozoya.
De ahí que lo que sucede en la FEPADE importa para todo el país. Es inconcebible que un golpe en la mesa pueda vulnerar instituciones que se dedican a acabar con los crímenes electorales. Ese arrebato demuestra un Poder Ejecutivo dispuesto a todo con tal de mantener a las instituciones como cotos de poder. Pareciera que esto es sólo el prólogo de lo que el gobierno actual está planeando para 2018, parece que el terrible espectáculo de la compra de votos en Estado de México fue sólo un simulacro para preparar lo que viene: están pavimentando la carretera para las tropelías electorales.
Por eso, lo sucedido en la FEPADE importa. Será fundamental que el Senado de la República revoque la enorme equivocación que significó esta destitución. Así que manos a la obra. Vamos a contactar a senadores (puedes conocerles aquí: http://www.quienmerepresenta.com/), para que quede bien claro que hay millones de ojos observando su trabajo. El equilibrio de poderes en este país pasa por poner las manos en los lugares donde estas tropelías se pueden evitar. Ahí es donde tenemos que estar las personas, donde la clase política reserva la impunidad para sus cuates.
Opine usted: @pkumamoto